Audio relacionado
En colaboración con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Yohali Reséndiz, periodista, explicó ¿cuántos agresores están en cargos públicos y cuántos de ellos han enfrentado a la justicia?.
En México, la impunidad sigue siendo un obstáculo para las víctimas de violencia, especialmente cuando los agresores ocupan cargos públicos.
La periodista comentó que hace tres años y cuatro meses, Morelos tuvo en su cámara legislativa a un diputado acusado de violación y acoso sexual contra dos colaboradoras.
Explicó que a pesar de su posición de poder, el proceso judicial avanzó y hoy se encuentra en prisión preventiva en el penal de Atlacholoaya. Sin embargo, se pregunta: "¿Y dónde se esconde la sororidad legislativa, presidencial o social? Son las mujeres, generalmente las víctimas, las que casi siempre deben perder hasta la esperanza de obtener justicia."
¿Cuál es el caso que destaca la periodista?
Reséndiz destaca un episodio que marcó la diferencia: hace cuatro años, un grupo de diputadas en Morelos se negó a participar en una sesión solemne porque debían compartir espacio con un hombre acusado de violación.
Aunque no pudieron hacer más, su postura envió un mensaje contundente. Pero, ¿qué ha cambiado desde entonces? La periodista señala que hoy, con el caso del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación, prevalece un "silencio no sólo de hombres, sino de la gran mayoría de mujeres".
¿Qué declaró Sharol Virginia Gual Pérez?
El caso de Sharol Virginia Gual Pérez, víctima del exdiputado Marcos N, ejemplifica la lentitud del sistema judicial. La joven ha esperado casi cuatro años por una resolución, mientras el acusado ha utilizado todos los recursos legales a su alcance para prolongar el proceso. "He estado en prisión preventiva por él, porque él es el que ha alargado su proceso judicial", denunció la víctima. "Parece que espera que me aburra, que me canse, que me desgaste y que lo deje, pero no lo voy a hacer."
La falta de celeridad en estos casos no solo afecta a las víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad. Sin embargo, Sharol mantiene firme su decisión de llegar hasta el final del juicio oral para demostrar que "sí hay repercusiones, muy tardadas, muy lentas, pero sí hay".
Reséndiz subraya que estos casos deben ser un precedente para evitar que más servidores públicos utilicen su poder para cometer agresiones sin consecuencias. La justicia no puede seguir siendo un camino tortuoso para las víctimas, mientras los agresores se amparan en su influencia para eludirla.