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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Eufrosina Cruz, activista y escritora habla del caso viral de matrimonio infantil en Huamuchitos, Guerrero.
El caso viral de un matrimonio infantil en Huamuchitos, Guerrero, ha encendido las alarmas sobre la persistencia de esta práctica en México. La activista y escritora Eufrosina Cruz, quien ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las niñas indígenas, alzó la voz sobre la falta de protocolos efectivos para frenar estos casos y sancionar a los responsables.
"Ya se tienen las leyes, pero ninguna autoridad del país ha hecho un protocolo de acción referente a este delito", afirmó en entrevista.
Las leyes existen, pero no se aplican
Desde 2023, la legislación mexicana prohíbe los matrimonios infantiles en todo el territorio. El artículo 209 del Código Penal Federal establece sanciones para quienes promuevan, permitan o participen en la unión de menores de edad. Sin embargo, como señala Eufrosina Cruz, el problema radica en la falta de protocolos de acción que permitan actuar de manera inmediata cuando un caso como el de Guerrero se hace visible.
"Aquí ya hay un delito. ¿Quiénes tienen que intervenir? Precisamente las autoridades competentes: municipios, fiscalías, etc."
A pesar de la indignación pública, en muchas ocasiones las autoridades se limitan a realizar "acercamientos" con las familias para convencerlas de desistir, sin aplicar la ley de manera efectiva. "Es tan fácil justificar la violencia cuando no tienes la sensibilidad o no quieres verla", lamentó Cruz.
El caso de Guerrero ha evidenciado la falta de coordinación entre niveles de gobierno. Mientras que las comunidades justifican estas uniones como "acuerdos entre familias", las autoridades locales evaden su responsabilidad, dejando a las víctimas en el desamparo.
"¿Cómo que ‘se pusieron de acuerdo’? Unos niños de 13 o 14 años no pueden tomar esa decisión por sí mismos. Eso se llama abuso", enfatizó la activista.
Cruz también destacó la necesidad de sancionar a los adultos involucrados:
"Debemos perseguir penalmente a los responsables y garantizar la protección de las niñas. ¿Quién se hará cargo de ellas si no hay protocolos claros?"
Un cambio que debe llegar a las comunidades
Para la activista, la solución no solo radica en endurecer las sanciones, sino en llevar la información directamente a las comunidades indígenas y marginadas, donde estas prácticas persisten.
"La ignorancia sigue justificando la desigualdad. Necesitamos hacer entender que esto es un delito, no una tradición", señaló.
Parte de su lucha actual es traducir las leyes a lenguas indígenas, garantizar que las niñas conozcan sus derechos y presionar para que los estados y municipios implementen protocolos efectivos de protección.
"No se trata de imponer, sino de hacer valer los derechos de quienes han sido invisibilizadas por generaciones", concluyó.