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En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Rosalinda Ávalos, policía de investigación en la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de San Luis Potosí, habló de cómo su esfuerzo logró impedir que un presunto implicado en el asesinato de sus hijos participara en la reciente elección judicial.
“No puedo permitir que alguien involucrado en la muerte de mis hijos llegue al Poder Judicial. Es un deber como víctima y como ciudadana”, declaró
Una tragedia personal con implicaciones institucionales
Rosalinda Ávalos narró cómo, tras detener a varios compañeros policías en un operativo relacionado con un vehículo robado, recibió amenazas de muerte. “Me enviaron un mensaje diciendo que me matarían a mis hijos si no entendía. Diez días después, cumplieron con su amenaza”, explicó con dolor.
Sus dos hijos fueron asesinados a tiros en noviembre de 2020, en un acto que según ella estuvo orquestado por compañeros coludidos con el crimen organizado.
Lo más alarmante, según Ávalos, es que uno de los implicados en este caso intentó postularse como juez en el marco de la reciente elección judicial. “Esta persona tiene vínculos comprobados con el cártel Jalisco Nueva Generación y aun así fue considerado como un candidato viable. No lo podía permitir”, puntualizó.
La lucha por la justicia en un sistema fracturado
A pesar del dolor y las amenazas constantes, Rosalinda Ávalos ha continuado su labor en la policía de investigación y su lucha para evitar que los responsables de la muerte de sus hijos queden en libertad. “Muchos dirán que me metí en esto por gusto, pero lo he demostrado con hechos: yo no voy a descansar hasta que haya justicia”, aseguró.
La denuncia de Ávalos también destaca las fallas en el proceso de selección de candidatos para la elección judicial. Según su testimonio, el aspirante no cumplió con los requisitos mínimos, como la experiencia de más de cinco años en litigación. Además, presentó pruebas que lo vinculan directamente con actividades delictivas.
“El sistema no puede permitir que personas con antecedentes tan graves accedan a cargos donde podrían manipular procesos y proteger a criminales”, enfatizó.
Para concluir, Rosalinda Ávalos reitero que este caso expone la urgencia de revisar los mecanismos de la elección judicial y de asegurar que el sistema de justicia no sea corrompido por intereses personales o del crimen organizado.