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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, se habló de los riesgos a la privacidad y el mal manejo de información con el nuevo registro de usuarios de telefonía móvil, de esto habló Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
El gobierno busca nuevamente implementar un registro de usuarios de telefonía móvil, argumentando que servirá para combatir la delincuencia. Sin embargo, expertos en derechos digitales advierten que esta medida no solo es ineficaz, sino que pone en riesgo la privacidad y seguridad de millones de personas.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advirtió que este es el tercer intento de instaurar un registro de este tipo en México.
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"En el gobierno de Calderón se instauró y fracasó; los delitos de extorsión y secuestro no bajaron, al contrario, subieron. Con López Obrador, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional por una votación calificada. Ahora se intenta nuevamente, con los mismos argumentos que ya fueron desechados por la Corte", explicó.
Registro de telefonía móvil: Una medida ineficaz y riesgosa
García enfatizó que no hay evidencia de que estos registros reduzcan la delincuencia.
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"La delincuencia no va a llamar con teléfonos registrados a su nombre. Hay muchas formas de evadir esto: usar teléfonos de otros países o suplantar identidades, lo que puede terminar acusando a una persona inocente", señaló.
El mayor peligro, según el experto, es que los datos personales de millones de usuarios estarían expuestos y vulnerables a hackeos o accesos no autorizados.
"Cada mes o dos meses hay escándalos de bases de datos vulneradas, vendidas o accedidas por la delincuencia. Este registro solo facilitaría más estos delitos", advirtió.
Además, criticó que la base de datos pueda ser accedida por autoridades municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.
¿Control político en lugar de seguridad?
Más allá de la supuesta lucha contra la delincuencia, el director de R3D alertó sobre el posible uso político de esta base de datos.
"Se convierte en una herramienta de control de la población. Y lo preocupante es que este gobierno está limitando el juicio de amparo, lo que haría más difícil combatir estas medidas inconstitucionales", advirtió.
García adelantó que la sociedad civil buscará frenar la implementación del registro y, en caso de ser aprobado, recurrirá nuevamente a las instancias legales para impugnarlo.
"Si el gobierno insiste en este registro, vamos a demostrar si realmente hay un Estado democrático o si estamos ante un retroceso institucional", concluyó.