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En entrevista para MVS Noticias con Daniel Guerra, en ausencia de Ana Francisca Vega, la directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, habló sobre la nueva medida que obliga a hoteles y moteles de la Ciudad de México a exigir un registro de huéspedes. La iniciativa busca prevenir la trata y los feminicidios en la capital, un tema alarmante que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años.
La especialista reveló que el 15.2% de los feminicidios en la Ciudad de México ocurren en hoteles o moteles, lo que evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en este tipo de establecimientos.
“Históricamente hemos observado que muchos de estos crímenes se cometen en lugares donde no existe un registro de huéspedes. Eso confirma la urgencia de esta medida”, señaló.
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Pérez Garrido recordó que el tema ha sido planteado en distintos espacios desde 2013, sin que se concretaran regulaciones efectivas.
“La falta de controles ha permitido que estos espacios se conviertan en un riesgo constante para las mujeres”, advirtió.
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Hoteles y moteles en CDMX operan sin regulación y omisiones
Aunque calificó la iniciativa como positiva, la experta subrayó que llega tarde y que debe ir acompañada de otras acciones.
“Las autoridades han tardado en reaccionar. Este registro es solo una parte de un problema mucho más amplio”, afirmó.
También denunció que en muchos casos las cámaras de seguridad no funcionan o las grabaciones se extravían justo cuando se requieren para las investigaciones.
“Siempre ocurre lo mismo: las grabaciones se pierden en el momento crucial. Se necesitan protocolos claros y una regulación efectiva”, puntualizó.
Pérez Garrido urge protección integral en nueva ley de seguridad
La especialista reconoció la importancia de proteger la privacidad de los usuarios, pero insistió en que la seguridad debe ser una prioridad.
“Es indispensable encontrar un equilibrio que garantice la protección de las personas sin vulnerar derechos”, señaló.
Para terminar, Ana Yeli Pérez Garrido concluyó que la nueva normativa deberá contar con seguimiento y evaluación constante para medir su impacto real.
“Sin un análisis profundo, estas medidas pueden quedarse solo en el papel”, advirtió.