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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Margarita Ortiz, víctima de abuso sexual y activista y Lizeth Mejorada, de la asociación De Vivas y Libres, hablaron sobre que propone PRI castración química para agresores sexuales.
La propuesta del PRI de aplicar la castración química para agresores sexuales ha encendido un intenso debate en México. Se enfrentaron las posturas de Margarita Ortiz, víctima de abuso sexual y activista, y Lizeth Mejorada, representante de la asociación De Vivas y Libres. Mientras Ortiz apoya la medida como un freno a la reincidencia, Mejorada la considera una distracción del problema central: la impunidad en el sistema judicial.
La voz de las víctimas: a favor de la castración química
Margarita Ortiz, desde su experiencia, se mostró rotundamente a favor de la propuesta, argumentando que las víctimas necesitan medidas contundentes ante la falta de apoyo institucional.
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"Estoy esperando este momento desde hace mucho y estoy a favor porque en dónde quedamos las mujeres, no recibimos el apoyo de las autoridades y pienso que con estas medidas bajará la incidencia, todos los violadores vuelven a reincidir", mencionó.
Ortiz fue más allá, sugiriendo que la medida debería ser más drástica para garantizar la no repetición del delito y la seguridad de las mujeres frente a posibles contagios de enfermedades. "Estoy a favor porque a una mujer que violen y la dejen embarazada o con un VIH, una hepatitis, creo que es algo fabuloso que procesa la castración, pero quirúrgica, los delincuentes nunca se van a regenerar".
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La activista también confrontó el argumento de que la justicia debe enfocarse solo en fortalecer las instituciones, calificándolo de irreal en el contexto de la corrupción actual.
"Yo difiero con Lizeth porque mucha culpa es de los MP y el Poder Judicial, pero vas a sumar que los vas a liberar, vamos a ser realistas, cuándo vamos a tener unas instituciones funcionales, que sean sensibles, eficientes, yo creo que le falta mucho a México, la corrupción es algo tremendo... Las víctimas son las que tenemos derecho de opinar, es una medida que bajará la incidencia de violaciones. Quienes hemos pasado por eso, tenemos más derecho a opinar", aseguró.
Impunidad: ¿el verdadero enemigo?
Por su parte, Lizeth Mejorada, de De Vivas y Libres, manifestó su empatía por las víctimas, pero rechazó la propuesta al considerarla una violación al marco jurídico y una cortina de humo ante la ineficacia del sistema de justicia.
"Quisiera decirle a Margarita que lo siento por lo que vivió y por todas las mujeres que hemos vivido violencia, se viola un marco jurídico, no tenemos competencias jurídicas para proponerlo... creo que no es la discusión que tendríamos que poner sobre la mesa, porque el 99% de delitos sexuales en México quedan en impunidad".
Mejorada criticó a los legisladores por proponer medidas punitivas sin atender la raíz del problema, que es la inoperancia del Poder Judicial local.
"Cuando diputados proponen este tipo de cosas me enoja porque no entienden la situación... Lo primero que diría es que una cosa es el término jurídico, por el otro lado presento argumentos de la realidad, cuántas cosas no se denuncian, en ese sentido va mi argumento y lo digo con respeto, ya no hay que concentrar fuerzas en hacer el código penal más grande, sino en que todo lo que está en la ley se cumpla", indicó.
La postura de Mejorada insiste en que el foco debe estar en la eficacia del sistema penal, no en nuevas penas. "Creo que no ha funcionado, podemos ver ejemplos, pero veamos la realidad en México. Hay que centrar fuerzas en que avance [el cumplimiento de la ley]."
El dilema pendiente en México
El debate sobre la aplicación de la castración química para agresores sexuales en México revela la profunda brecha entre la demanda de justicia de las víctimas y la crítica de las activistas que exigen un sistema judicial funcional. La reincidencia y la impunidad son las dos caras de una misma moneda, y mientras una parte clama por medidas extremas para proteger a las mujeres, la otra insiste en que la solución no radica en reformar el Código Penal con penas controversiales, sino en lograr que el Estado garantice el acceso a la justicia y castigue el 99% de los delitos que hoy quedan impunes.