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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics, mencionó todo sobre la operación de casinos.
En medio de la creciente preocupación por el lavado de dinero en México, la administración actual se adentra finalmente en un campo complicado: el manejo de las finanzas de los cárteles a través de casinos y plataformas digitales.
Durante la reciente conferencia mañanera, Mejía, abordó la importancia de desmantelar los recursos financieros que sostienen estas organizaciones criminales. "Si queremos desbaratar a los cárteles hay que pegarle a las finanzas, no solo descabezar líderes", subrayó Mejía.
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Cambio en la Unidad de Inteligencia Financiera
La administración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bajo el liderazgo de Omar Reyes marca un giro. "Me preocupa que este cambio se esté orientando hacia un enfoque policiaco en lugar de uno administrativo", afirmó Mejía.
Este nuevo enfoque, según el experto, podría generar investigaciones más eficaces. Sin embargo, también pinta un panorama incierto. Mejía expresó su inquietud sobre la ausencia del Secretario de Hacienda en la conferencia. "¿Dónde estuvo el Secretario de Hacienda? Su ausencia indica que las entidades operan de manera paralela", indicó.
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Casinos: ¿posibles fuentes de ingresos ilegales?
Los casinos, bajo el escrutinio del gobierno, han sido mencionados como posibles fuentes de ingresos ilegales. Mejía enfatizó que ellos tienen el deber de cumplir con normativas estrictas anti lavado. "Operaciones en efectivo multimillonarias no me cuadran, pues estas entidades están obligadas a evitar este tipo de transacciones", destacó.
Además, incluso se han señalado vínculos internacionales que complican aún más el tema. En conclusión, la lucha contra el lavado de dinero en México se encuentra en un momento crítico. "Necesitamos reevaluar las reglas y el marco jurídico para abordar de forma efectiva este fenómeno", concluyó Mejía.
La batalla contra el crimen organizado no solo necesita cambios en la ley, sino también un compromiso claro de todos los involucrados en su aplicación.