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En entrevista con MVS Noticias, el abogado Vladimir Chorny, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales advirtió sobre las implicaciones de las reformas al Código Fiscal Federal, que permitirán al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder a datos personales de aplicaciones de citas, transporte y plataformas de streaming.
La medida, que forma parte del paquete fiscal 2026, ha encendido las alarmas de especialistas por los riesgos que representa para la privacidad y la libertad de expresión en México.
Reforma fiscal y el alcance excesivo del gobierno en la recopilación de información
De acuerdo con Chorny, la iniciativa se inscribe dentro de un esquema de vigilancia extendida que otorga al Estado facultades excesivas para recopilar información sin límites ni contrapesos.
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“La lógica detrás de esta reforma es un control total de la información de las personas. No se trata solo de datos financieros, sino de aspectos íntimos de la vida cotidiana”, subrayó el abogado.
El especialista advirtió que los datos a los que podría tener acceso el SAT incluyen información sobre la orientación sexual, creencias religiosas o afinidades políticas.
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“La hora de un viaje, su duración o el destino pueden revelar datos personales sensibles que no deberían estar en manos del gobierno”, agregó.
Esta propuesta forma parte de lo que diversos colectivos han denominado el “paquete de leyes espía”, una serie de modificaciones legales que amplían el margen de acción de las autoridades sobre la información digital de los ciudadanos.
Expertos llaman a la SCJN a revisar reforma
Además de los riesgos en materia de privacidad, Chorny advirtió que el artículo 30B de la reforma podría abrir la puerta a la censura previa y al bloqueo temporal de plataformas digitales, entre ellas Facebook o Instagram.
“Sería una violación extrema al derecho a la libertad de expresión, que solo debería aplicarse en casos de incitación a la violencia o delitos graves”, explicó.
La reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se espera su votación final en el Senado. Organizaciones civiles llaman a los ciudadanos a mantenerse informados y ejercer sus derechos constitucionales.
“Puede presentarse una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para revisar estas reformas”, recordó el experto.
Para terminar, Vladimir Chorny, destacó que esta regulación puede generar un impacto desproporcionado en la privacidad y la libertad de expresión. Además, advirtió sobre la concentración de poder en la Agencia de Transformación Digital, encargada de supervisar esta información.