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En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, habló sobre que el Comité de Evaluación del Poder Judicial en ámbito de sus competencias suspendió el proceso electoral judicial, tras una decisión judicial emitida en Michoacán.
“El Comité de Evaluación del Poder Judicial tomó una decisión respetando el Estado constitucional al acatar la suspensión del proceso, pero esto podría ocasionar graves problemas, como la falta de perfiles idóneos en los plazos establecidos,” señaló.
El especialista destacó que este proceso de elección destaca por la falta de transparencia, ya que al momento se desconocen cuáles serán los criterios definitivos para seleccionar a los candidatos idóneos.
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Un error hacer la selección de candidatos a través de una 'tómbola'
Burgoa expresó su preocupación por la decisión de incluir a los aspirantes en un sorteo, conocido como “la tómbola”, sin claridad sobre su transparencia. “No sabemos si será en público, quiénes estarán presentes ni cómo se garantizará que sea un proceso justo. Esto es un parche sobre otro,” aseguró.
El experto también criticó que algunas entidades, como la Ciudad de México, han decidido implementar el modelo de elección al Poder Judicial en el ámbito local, generando más confusión.
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“Es una locura imaginar a los ciudadanos eligiendo jueces especializados, como mercantiles o en competencia económica, sin contar con información adecuada para tomar decisiones,” comentó.
El proceso electoral judicial, un experimento de consecuencias severas
Según Francisco Burgoa, este experimento electoral en el Poder Judicial puede tener repercusiones profundas, no solo en la calidad de los jueces seleccionados, sino también en la percepción ciudadana sobre la justicia. “Se requiere transparencia para evitar que sigan acumulándose errores en un momento tan delicado,” enfatizó.
Para terminar, el abogado mencionó que aunque la idea de la elección al Poder Judicial busca democratizar la selección de jueces y magistrados, la implementación actual está plagada de irregularidades y desafíos. “El éxito de este proceso dependerá de garantizar que la transparencia y el respeto al Estado de derecho sean prioridad", concluyó.