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En entrevista con Luis Ochoa y Roxana Aguilar, en ausencia de Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Juan Francisco Torres-Landa, abogado, activista y miembro del Consejo Directivo de UNE México habla de la entrada en vigor la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La reciente entrada en vigor de la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha generado una profunda preocupación entre abogados, activistas y defensores de derechos humanos en México.
Esta medida, que contraviene resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representa un grave retroceso en la presunción de inocencia y abre la puerta a posibles abusos sistemáticos, así lo detalló Juan Francisco Torres-Landa, abogado, activista y miembro del Consejo Directivo de Une México.
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“Este tema no es nuevo en nuestro país; se ha discutido durante varios años. La CIDH ya resolvió que la prisión preventiva oficiosa es una violación fundamental de derechos humanos, como la presunción de inocencia”, dijo.
De acuerdo con Torres-Landa, esta medida contraviene resoluciones internacionales que instan a reducir y eventualmente eliminar los delitos sujetos a esta figura. En lugar de seguir esa tendencia, México ha optado por ampliarla, abarcando conductas tipificadas como delitos que podrían ser sancionables penalmente, pero cuya determinación no debería implicar una detención automática.
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Detalló que la ampliación del artículo 19 constitucional implica que una persona acusada de alguno de estos delitos deberá enfrentar su proceso legal en prisión, sin que se haya determinado aún su culpabilidad.
“Esto se traduce en que alguien es juzgado de antemano, alguien podría decir, después de un par de años en reclusorio, ‘nos equivocamos, ya puedes salir y ¿quién le va a reponer a esa persona los años que estuvo detenido injustamente?”.
Torres-Landa enfatizó que, con esta reforma, una persona acusada no podrá defenderse en libertad. “Con el simple hecho de la acusación, esa persona no va a poder defenderse fuera de la cárcel; va a tener que ir a la cárcel”.
“El juez va a tener que dictar la prisión preventiva oficiosa, y su vida va a desaparecer, por lo menos durante esos años en que se determina si es culpable o no”.
Ante esto, Torres-Landa cuestionó cómo esta reforma encaja con un gobierno que se presenta como defensor de los derechos humanos. “En lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Esta medida contradice los principios de un gobierno que dice promover derechos y justicia social”, concluyó.
El camino que México ha tomado con esta reforma enfrenta críticas tanto a nivel nacional como internacional. Las consecuencias de ampliar la prisión preventiva oficiosa podrían ser devastadoras para el respeto a los derechos humanos y la confianza en el sistema judicial.