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En su colaboración para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Jorge Andrés Castañeda, fundador de Kairós Consultores, abordó las preocupaciones expresadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en relación con la ampliación de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, específicamente en temas de defraudación fiscal.
El especialista subrayó que esta medida ha generado inquietud en el sector privado, ya que implica la posibilidad de que empresarios puedan ser encarcelados sin juicio previo.
"Es parte, yo te diría, de las preocupaciones generales que existen en el sector privado sobre no todas, pero gran parte del paquete de reformas", señaló.
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¿Qué pasa con la prisión preventiva oficiosa?
Castañeda explicó que esta reforma, que se espera sea votada por el Pleno tan pronto como empiece la nueva legislatura, incluye la prisión preventiva oficiosa en casos de discrepancias fiscales.
"Si hay una discrepancia entre los impuestos que una empresa tiene que pagar y los que paga, y una discusión entre el SAT y la empresa, como hay todos los días con millones de empresas... Entraría esta figura de la prisión preventiva oficiosa, que básicamente es que te meten a la cárcel sin juicio", detalló.
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Añadió que más del 60 por ciento de la población carcelaria en México está en prisión sin haber sido sentenciada.
Además, Castañeda advirtió sobre los riesgos que esta medida podría tener para el clima de negocios en México, especialmente en un contexto donde el país busca atraer nuevas inversiones.
"Esta propuesta genera muchísimo miedo y pues regresamos a estas figuras del terrorismo fiscal que se acusó al inicio del sexenio", indicó, refiriéndose a la percepción de persecución fiscal que podría desalentar tanto a las empresas ya establecidas en México como a las que consideran ingresar al mercado.
El consultor también expresó su preocupación sobre la inclusión de la defraudación fiscal en un catálogo de delitos que incluye actividades delictivas graves como la extorsión, el narcomenudeo y la producción de drogas sintéticas.
"Es bastante cuestionable... diversos grupos de derechos humanos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión han señalado que la figura de prisión preventiva oficiosa es tremendamente violatoria a los derechos humanos", enfatizó.
Finalmente, Castañeda lamentó que estas reformas pudieran aumentar la incertidumbre en el ámbito económico y afectar las perspectivas de inversión en México, especialmente en un momento en que el país tiene oportunidades significativas de crecimiento.
“Parece que queremos ahuyentar a los que quieren venir a México", concluyó sobre la preocupación de la Coparmex alrededor de la prisión preventiva oficiosa.