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En Jalisco, la crisis forense prevalece y se agrava desde 2018 cuando deambularon por la ciudad dos tráileres con cuerpos sin identificar en condiciones deplorables, los cuales después de más de cinco años no se les ha podido dar identidad, pese a la ayuda internacional solicitada a expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
El Gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, nunca ha aceptado que Jalisco enfrente una crisis en la materia, pero eso sí, adquirió en 2020 dos cajas frigoríficas que hoy están al 100 por ciento de su capacidad.
El Servicio Médico Forense, informó que -tan solo en la sede principal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses- se tienen bajo resguardo 625 cadáveres y 6 mil 616 segmentos, entre “cuerpos no identificados e identificados sin reclamar, y todos los segmentos no reconocidos o en proceso de identificación”.
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Apenas el pasado 5 de febrero, -a través de un video y sin la presencia de los familiares de desaparecidos- el Gobernador, Enrique Alfaro, anunció el inicio de operaciones del Centro de Identificación Humana, pero -de acuerdo con la información que tienen colectivos y familias-, no funciona en su totalidad.
“Hoy me siento muy orgulloso de poder estar haciendo la entrega de este nuevo espacio del Centro de Identificación Humana de Jalisco, con uno de los más modernos, sin duda a nivel nacional y a nivel latinoamérico, y por supuesto, una muestra de que aquí el compromiso para atender esta agenda es claro, es concluyente, más allá de discursos políticos, aquí estamos trabajando para no fallarme a las familias de las personas desaparecidas”, señaló.
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En contraste, para organismos como el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, en los últimos cinco años solo han existido cambios cosméticos. Jonathan Ávila, investigador de este organismo, aseguró que “persisten estas fallas que justamente llevaron a que existiera una crisis forense en Jalisco, y que lamentablemente, así como no se ha reconocido por parte de las autoridades como tal la existencia de una crisis forense, persiste el discurso de que eso ya no existe, eso ya cambió, y estos cambios cosméticos que se han venido aplicando justamente son utilizados para decir que las cosas han cambiado”.
Persiste la problemática de identificación de cuerpos
En mayo de 2022, el Gobierno del estado realizó la exhumación de 240 cadáveres del Panteón de Coyula, en Tonalá, pero tampoco han sido identificados, ni por los expertos guatemaltecos, que señalan que no se puede lograr la identificación total de los cuerpos por los distintos procesos de descomposición que tienen, entre otras aspectos.
Mientras en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no hay ni siquiera garantía del resguardo de indicios hallados y que pueden dar certeza a familiares de personas desaparecidas.
Son las familias quienes denuncian a lo que se enfrentan: entrega de un cuerpo que no es el suyo; perdida de cadáveres, prendas de vestir o de muestras de ADN, sin contar los meses que tardan en realizar las confrontas genéticas y hasta los años que pasan para avisarles que su ser querido siempre estuvo en el Servicio Médico Forense.
En el caso de Jesús Alberto Olivares, -desaparecido, el 10 de octubre de 2017- su cuerpo ingresó siete días después al SEMEFO y a la familia le avisaron apenas el pasado 22 de enero que ya fue hasta enterrado, pero no encuentran la gaveta donde la autoridad dice fue inhumado.
Su hermana Verónica Olivares presentó queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Explicó que estuvo en búsqueda todo este tiempo y “es algo que la verdad no se repara con nada, y más aún que ahora estén jugando con que a lo mejor ni es. Cuando dan la noticia uno dice bueno se encontró ahora hay que buscar el quién, o sea la justicia, pero ya con que salen que no sabemos, con que ya dudo y es que a lo mejor ni es, y es que si sale negativo nos vas a demandar no se porque lo están haciendo así porque están jugando con el sentimiento de las personas porque dan resultados si no están seguros de la confronta que se hizo”.
Para expertos, la crisis forense tiene su origen en el aumento de la actividades delictivas y criminales que hay en el estado.
Dennise Ayala, investigadora de la Universidad de Guadalajara, explicó que “la crisis forense se deriva de los impactos de dicha violencia homicida que tiene como consecuencia la acumulación de cuerpos sin identificar. La sociedad civil y las familias en Jalisco han denunciado que existen más de 9 mil registros de personas fallecidas sin identificar”.
A pesar de que el estado dice velar por las familias, estas solo ven simulación y una crisis forense que recrudece día a día.
A meses de terminar su administración, el Gobernador Enrique Alfaro registra en su estado, no solo el problema de la crisis forense, sino también el de personas desaparecidas e inseguridad. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en los últimos cinco años suman 11 mil 691 homicidios dolosos en Jalisco.