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En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Luciana Wainer, colaboradora de este espacio informativo, habló sobre la situación del presupuesto para derechos humanos y atención a víctimas en México para 2025.
Luciana Wainer, experta en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Educación Superior Especializado (CIDE), analizó los recortes presupuestales significativos en diversas áreas que recién se han aprobado, con especial énfasis en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.
¿A qué le da prioridad el gobierno de la 4T?
En la conversación, Luciana Wainer en su cápsula “Código MVS”, dijo datos importantes en el marco del Día de los Derechos Humanos, el cual se celebra el 10 de diciembre.
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“Más allá de cualquier narrativa, más allá de cualquier discurso, al final, a lo que un gobierno lo importa se ve en materia presupuestal y en efecto los ojos están puestos ahí en el INE, en el Poder Judicial, que evidentemente es muy importante”; afirma.
La también periodista destacó que, a pesar de existir una sentencia de la Suprema Corte que establece un mínimo del 0.14% del gasto programable para atención a víctimas (equivalente a 909 millones de pesos), cuando solo se contemplaron 658 millones.
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Habló sobre la eliminación del fideicomiso FARI y sus consecuencias, así como la disparidad en la asignación de recursos, ejemplificada en el contraste entre el gasto en comunicación social (8,584 millones de pesos) y lo destinado a comisiones locales de búsqueda.
Ángel Ruiz y Renata de Michele Isábila de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; aportaron datos sobre la inversión en búsqueda de personas desaparecidas, revelando que el presupuesto promedio por comisión es de 26.5 millones de pesos, con una inversión de apenas 8 mil 900 pesos por persona desaparecida.
¿Qué comparaciones presupuestales relevantes se pueden hacer?
La inversión en comunicación social y publicidad (8,584 millones de pesos) es 10 veces mayor que todo lo destinado a las comisiones locales de búsqueda de personas.
Luciana Weiner concluye enfatizando la desproporción entre las prioridades presupuestales del gobierno y las necesidades reales en materia de derechos humanos y atención a víctimas.