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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Tomás O’gorman, abogado y miembro de la Asociación Pro Vapeo México, habló de la primera sala de la SCJN que declaró Inconstitucional la prohibición a la compra de cigarros electrónicos y productos relacionados.
En un importante fallo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de la importación de cigarrillos electrónicos y productos similares.
Esta decisión representa un revés para el gobierno mexicano, que había implementado una serie de medidas restrictivas contra estos productos en los últimos años, de acuerdo con Tomás O’gorman, abogado y miembro de la Asociación Pro Vapeo México, el gobierno anterior adoptó una postura restrictiva hacia los cigarros electrónicos y los productos de tabaco para calentar, emitiendo diversos decretos que buscaban frenar su comercialización y distribución.
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“Hubo una obsesión por parte del Ejecutivo en intentar comprimir estos productos”, tal como el decreto de mayo de 2022, que incluyó modificaciones en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que prohibieron explícitamente la importación de estos productos.
Esta prohibición, dijo, generó múltiples impugnaciones legales en los tribunales. Desde octubre de 2021, la SCJN ha concedido amparos individuales a diversas empresas y personas para permitirles la importación y comercialización de estos productos, considerando que las prohibiciones violaban derechos constitucionales.
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Esta situación refleja la falta de regulación clara y accesible en el mercado mexicano del vapeo, y advierte sobre las consecuencias para los consumidores:
“Al existir empresas protegidas mediante amparos y otros, operando ilegalmente, el mercado se torna riesgoso para los usuarios, quienes no pueden diferenciar qué productos son legales y cuáles no”.
Esto, según O’gorman, fomenta la existencia de un mercado negro que afecta la calidad y seguridad de los productos disponibles en el país.
Destacó que, aunque la SCJN ha respaldado el derecho a comercializar estos productos mediante amparos, el marco normativo general sigue siendo restrictivo.
“En la práctica, las prohibiciones siguen vigentes debido al decreto y la ley de importación. La postura del actual gobierno parece inclinarse hacia un enfoque similar al del gobierno anterior, con pronunciamientos que apuntan a mantener la restricción”, comentó O’gorman.
Finalmente, detalló que con esta reciente sentencia, la SCJN abre la puerta para que otros interesados promuevan juicios de amparo y obtengan protección. Sin embargo, para O’gorman, la clave para solucionar esta problemática de fondo radica en que las autoridades establezcan un marco regulatorio que ofrezca seguridad a los consumidores y permita a las empresas operar legalmente, reduciendo así la proliferación del mercado informal.