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En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Claudia Aguilar, abogada constitucionalista y socia directora de Aguilar Barroso y Asociados, habló de la iniciativa en materia de impugnación de reformas y adiciones a la Constitución.
La tarde de ayer, el panorama legal de México se vio sacudido con la presentación de una iniciativa de reforma constitucional que, según especialistas, podría limitar de manera significativa los mecanismos de control constitucional.
La abogada constitucionalista Claudia Aguilar expresó su profunda preocupación por los alcances de esta propuesta, que algunos ven como un intento de frenar los derechos de los ciudadanos para impugnar reformas y adiciones a la Constitución a través del juicio de amparo y otras acciones legales.
“Es sumamente preocupante, sobre todo por la última modificación que se hizo de forma apresurada”, explicó que la propuesta tiene el potencial de dar marcha atrás al control de convencionalidad, una herramienta fundamental que permite que los tribunales mexicanos verifiquen si las leyes internas respetan los tratados internacionales de derechos humanos.
“Esto ha desatado todos los focos rojos, sobre todo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que afecta la participación de México en el sistema interamericano de derechos humanos, un avance logrado con la reforma de 2011 en esta materia”.
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es la limitación al juicio de amparo y a las acciones de inconstitucionalidad, lo que afectaría directamente la capacidad de los ciudadanos para cuestionar reformas a la Constitución.
“Lo que pretenden con esta reforma es limitar nuestras facultades como gobernados para acudir a través del juicio de amparo o las acciones de inconstitucionalidad, en casos de reformas constitucionales”, aseguró Aguilar.
¿Cuáles son las podrían ser consecuencias de la iniciativa en materia de impugnación de reformas?
El impacto directo sobre los ciudadanos es evidente, aseguró Claudia Aguilar, quien ejemplificó este riesgo con un caso hipotético que, aunque extremo, refleja la gravedad de la situación:
“Imaginemos que se aprueba una reforma constitucional que reincorpora la pena de muerte y además viola tratados internacionales de derechos humanos. Con esta reforma, no podríamos impugnarla. Esto limitaría nuestras posibilidades de defendernos cuando algo arbitrario afecte nuestros derechos y libertades”.
Por ello, dijo esta iniciativa podría tener consecuencias devastadoras para la democracia mexicana: “Esto se puede revertir como un boomerang. Nos afecta directamente porque nos limita el acceso a la justicia”, sentenció la socia directora de Aguilar Barroso, que habló de la iniciativa en materia de impugnación de reformas y adiciones a la Constitución.