En entrevista con Enrique Rodríguez, en ausencia de Luis Cárdenas, Uuc-Kib Espadas Ancona, consejero del INE habló sobre el cierre del Instituto ante la recepción de firmas a revocación de mandato.
Detalló la postura de la Cámara de Diputados que pretende convertir un diferendo legal en una persecución penal.
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Lo anterior, luego de las denuncias ante la fiscalía general de la República contra consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo para pausar la renovación de mandato.
"De ninguna manera me parece que los consejeros que votaron a favor estén en un supuesto delictivo y tenga que ser acusados".
Añadió que esta acción "forma parte de la secuencia de agresiones de las que Instituto ha sido víctima por parte de la Cámara de Diputados".
El consejero explicó que la consecuencia inmediata es que "el acuerdo del instituto pierde efecto, ya no se suspende ninguno de los términos".
Es decir, comenzará el "proceso de contratación de capacitadores electorales que tendrán la función crucial de preparar a los ciudadanos" para que el 10 de abril reciban las opiniones de la ciudadanía.
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