Ante la urgente situación financiera que enfrentan las universidades públicas del país, como es el pago de pensiones y aguinaldos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la (ANUIES) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sostendrán mesas antes del cierre del año para buscar soluciones a la problemática presupuestal de los campus públicos en el país.
Así se confirmó luego de que funcionarios de la dependencia recibieron al secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia y autoridades de la universidades autónomas de Nayarit, Sinaloa, Colima y Veracruz.
“Es esta la primera vez que se abre este mecanismo diálogo con las autoridades de la Secretaría de Hacienda en el que las y los rectores de las Universidades Públicas Estatales asociadas a la ANUIES, podrán plantear en mesas de trabajo sus problemáticas generales y particulares, así como presentar propuestas viables para revertir los serios problemas financieros que vienen acumulando.
Desde la ANUIES solicitamos a la Secretaría de Hacienda que además de ayudar a administrar los recursos de 2025, se comience a planear una estrategia distinta en 2026 para regularizar como presupuesto ordinario dentro del PEF la política salarial de las universidades”, subraya el organismo en un boletín.
La ANUIES remarcó que tras la reforma constitucional al Artículo Tercero se reconoce el derecho humano a la educación superior, así como la obligación del Estado para garantizarla de manera gratuita a todas y todos los mexicanos.
Igualmente, destacó que la reforma a la Ley General de Educación y la promulgación de la Ley General de Educación Superior, donde se establece que el financiamiento público de las universidades e instituciones de educación superior, “nunca será menor al aprobado en el ejercicio anterior” en términos reales, al menos deben incluir la inflación.
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Asimismo, el incremento del presupuesto, debe considerar los recursos humanos, la infraestructura educativa, los materiales utilizados en la impartición del servicio y el establecimiento del “Fondo Federal Especial” para la obligatoriedad y la gratuidad, así como la plurianualidad del crecimiento y mantenimiento de la infraestructura.
Sin embargo, “estos criterios no han sido considerados en la determinación del Presupuesto de Egresos para las instituciones y que la manera en cómo se determina el subsidio que reciben las universidades públicas sigue siendo inercial, es decir, se aplica un porcentaje de incremento, el cual en el sexenio pasado correspondió al deflactor del PIB, y hoy en día a un porcentaje menor a este indicador.
En el caso de las Universidades Públicas Estatales, el incremento aprobado para 2026 respecto a 2025 es sólo de 1.8 por ciento. Esta desarticulación entre el cómo debería de crecer el presupuesto de las Universidades y el cómo realmente se determina, ha generado un desequilibrio de las finanzas institucionales que se traduce en un déficit que se calcula en 50 mil 400 millones de pesos entre 2019 a 2025; lo que obliga a las instituciones a trasladar este déficit a las familias de las y los estudiantes, dejando de ampliar los servicios educativos”, alertó la ANUIES.
De 2018 a 2025, la matrícula pública de educación superior en instituciones adscritas al Ramo 11 SEP ha crecido 16.3 por ciento, mientras que el subsidio destinado a las mismas instituciones ha disminuido en -2.0 por ciento en el mismo periodo. “El crecimiento de la matrícula lleva a la ampliación de infraestructura, la contratación de docentes, la actualización del acervo bibliográfico y el mantenimiento de laboratorios, aunado a los problemas estructurales heredados por algunas instituciones relacionados con los sistemas de pensiones y jubilaciones, cuyos porcentajes representan entre el 40 por ciento y 50 por ciento de la nómina.
El subsidio para programas como el S247, pasó de tener 565 millones de pesos para las universidades estatales en 2018 a 135 millones de pesos en 2026, bolsa con la cual se apoya el perfil profesión de mil 600 docentes y la consolidación de 11 universidades interculturales.
Añadieron que también las Universidades Públicas Estatales tienen que afrontar cada año el incremento al salario y a las prestaciones que se acuerda cada año con los distintos sindicatos de las Universidades, mismo que regularmente es convenido entre febrero y abril de cada año, pero cuyo pago a los trabajadores se realiza de manera retroactiva en enero. Estos recursos no se incluyen en el presupuesto de egresos de la federación de cada año, se remarcó.
“Actualmente, el adeudo de los estados por política salarial a las universidades es cercano a los 600 millones de pesos y en algunas entidades han dicho que no entregarán los recursos correspondientes mientras la federación no haga lo propio”, apunta la ANUIES en un comunicado.