Entes militares como las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional han erogado 41.5 por ciento, es decir, 61.5 mil millones de pesos más en comparación con lo registrado al cierre del sexenio pasado, esto en contraste con la austeridad que ha afectado a rubros como salud, seguridad pública y las transferencias a los estados y municipios, advirtió un estudio presentado por la organización México Evalúa.
“Al cierre de 2023 los organismos militares ejercieron 239 por ciento más recursos que los ramos civiles dedicados a la seguridad, cuando en 2018 esta brecha era de 17 por ciento. Además, su control de ahorros públicos o fideicomisos aumentó mil 77 por ciento frente a 2018”, destacó la organización.
Mariana Campos, directora de México Evalúa expuso que esta administración se ha caracterizado por la militarización del gasto, el deterioro de las empresas públicas, el abandono de la salud, un mayor endeudamiento y un menor crecimiento de los ingresos públicos.
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“El próximo gobierno deberá hacer modificaciones a la estructura del gasto para que los derechos de los ciudadanos se vean reflejados”, dijo.
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El informe advierte que este sexenio cerrará con el menor crecimiento de ingresos públicos de las ultimas cuatro administraciones, dado que éstos han aumentado solo 6.7 por ciento en los últimos cinco años.
“Aunque en 2023 la recaudación tributaria se expandió notablemente, no fue suficiente para contrarrestar la caída de los ingresos petroleros, los cuales fueron de 1.07 billones de pesos, 31 por ciento menores a los de 2022 y el segundo peor monto en los últimos 15 años”, destaca el análisis.
Los especialistas indicaron que la falta de ingresos públicos derivó en recortes discrecionales que comprometen directamente los derechos de la población, tal el caso de la Secretaría de Salud, de 49.5 por ciento, o en Seguridad y Protección Ciudadana de 47 por ciento.
En torno al nivel de endeudamiento, al cierre de 2023, los Requerimientos Financieros del Sector Público fueron de 1.36 billones de pesos o 4.3 por ciento del PIB, “prácticamente el doble del endeudamiento observado al final del sexenio anterior, cuando fue de 2.2 por ciento”.
En ese sentido, Jorge Cano destacó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredará una deuda de alrededor de 14 billones de pesos a la siguiente administración.
Además, el pago de intereses y servicio de la deuda ha llegado a un máximo no visto desde la década de los 90, con 1.04 billones de pesos o 3.3 por ciento del PIB.
Sobre la gestión de empresas públicas, la organización detectó importantes deterioros financieros, como la caída en los ingresos de Liconsa y del Servicio Postal Mexicano –de 24 por ciento y 46.5 por ciento respectivamente– o el déficit de 15 mil 443 millones de pesos con el que ha operado la Comisión Federal de Electricidad durante este sexenio.
Tras lo anterior, advierten un futuro poco promisorio para las empresas creadas en esta administración, como el Tren Maya, LitioMX, o la nueva Mexicana de Aviación.
Respecto a Pemex, la organización expuso que la producción de crudo sigue sin despegar, siendo menor a la observada en 2018. “En 2023 se estimó una plataforma petrolera de mil 872 miles de barriles diarios, pero se promediaron sólo mil 652 mbd. Esto, a pesar de que los apoyos fiscales a la petrolera se triplicaron frente a lo observado en el sexenio de Peña Nieto”.
Tras lo anterior, recomiendan condicionar los apoyos del gobierno a Pemex a una mejora en la gobernanza de la empresa, modelo de negocio y situación financiera; y crear un Consejo Fiscal que emane del Poder Legislativo para evaluar la política fiscal, con capacidad para hacer estudios de impacto presupuestarios sobre las propuestas o renuncias recaudatorias, considerando el contexto macroeconómico.
Además, mejorar los mecanismos de control para limitar los recortes discrecionales al gasto público aprobado por el Congreso, y alinear correctamente el endeudamiento con la inversión productiva del Estado, para generar mayores ingresos públicos en el futuro.