Luego de que este medio denunció que hubo irregularidades en la licitación para la compra de 49 mil toneladas de acero del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, reconoció que la empresa ganadora, GRUPO GILBERT ESTRUCTURAS EN ACERO, S.A. DE C.V., no presentó la Manifestación de no conflicto de interés como lo denunciaron los demás participantes, pero aclaró que, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el articulo 49 fracción IX, el documento que no se le recibió en la Apertura de las Ofertas, debe de ser entregado antes de la celebración del contrato.
Asimismo, adelantó que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tomará las medidas legales correspondientes ante la agresión verbal y física que sufrió el servidor público designado para la lectura del fallo, por parte de algunos de los participantes inconformes y calificó como conductas inaceptables y no debe de permitirse, que quienes incurren en ellas lo hagan con impunidad.
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Sobre el precio ofertado, GACM explicó que la empresa HABILITADORA DE METALES MONTE SALAS, S.A. DE C.V., ofertó el precio más alto equivalente a 4,179.00 pesos por tonelada por encima del precio de evaluó de 2, 819.82 pesos por tonelada. Sin embargo, en la revisión detallada de sus documentos se detectaron anomalías; su carta de "Opinión en sentido positivo del cumplimiento de Obligaciones Fiscales", expedido por el Sistema de Administración Tributaria con vigencia no mayor a treinta días naturales, denotó discrepancias en su emisión, ya que la fecha plasmada en este refiere el día 17 de junio de 2020, mientras que el de la lectura del código tipo QR que contiene el mismo, data del 16 de diciembre de 2019. Además, el formato presentado no corresponde a los que son emitidos por la actual Administración. Ello motivo su descalificación y se procederá a notificar al Órgano Interno de Control en GACM para las acciones pertinentes.
Finalmente, GACM señaló que se ha conducido siempre en apego al artículo 134 constitucional que mandata administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los bienes y recursos públicos que le han sido encomendados.
Recordó que para solventar las diferencias y quejas entre particulares y organismos públicos existen canales establecidos en la ley.