A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió llevar a cabo una transformación profunda en el sistema de contrataciones públicas, durante su administración se está licitando menos privilegiando las adjudicaciones directas.
Pablo Montes, coordinador Anticorrupción de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que, durante el primer año del gobierno de López Obrador, hay una tendencia creciente en las adjudicaciones directas que está otorgando esta administración.
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Expuso que en 2019 se gastaron 323 mil millones de pesos en compras públicas y el 80.4 por ciento de los contratos fueron por adjudicación directa. "Pero a nosotros lo que más nos llama la atención es el monto porque sí vemos el número y el porcentaje de los contratos se mantienen una tendencia que es preocupante".
Detalló que tan solo de 2018 a 2019, creció cuatro puntos porcentuales la adjudicación directa, de 34.9 por ciento ahora se gasta 38.9 por ciento en adjudicaciones directas y cae la licitación pública. "En 2018 el gobierno gastó el 57.7 por ciento de recursos en compras públicas de licitación y para 2019 el 46.1 por ciento con una caída de casi 12 puntos porcentuales que si es preocupante".
Detalló que al analizar a los principales proveedores hay un cambio muy marcado toda vez que los que ganaban con Enrique Peña Nieto dejaron de ganar con Andrés Manuel López Obrador y los que empezaron a ganar con este último, antes no ganaban. De las 100 empresas principales que más recursos obtuvieron en 2019 acumularon el 40 por ciento de todo el dinero.
Expuso que el actual gobierno está invirtiendo más en el sector salud, en el ISSSTE e IMSS; y además en cuestiones de seguridad, en la Guardia Nacional, la secretaría de Marina, y la Defensa Nacional.
Para los expertos, el 2020 resulta cuestionable ya que la pandemia de Covid-19 puede representar un pretexto para cometer más actos de corrupción ya que las sanciones solo han sido administrativas y no de tipo penal.
"La emergencia sanitaria que empezó en el mes de marzo de 2020 ha traído riesgos adicionales para el sistema de contrataciones públicas especialmente en lo que se refiere a la compra de suministros de material médico pero los casos de corrupción que tendrían que ser investigados y sancionados todavía no aparecen", indicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
En días pasados, la titular de la secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval dio a conocer la sanción administrativa contra nueve empresas farmacéuticas y del sector Salud, por un total de 18 millones de pesos, así como inhabilitaciones por incumplir contratos y falsear información; sin embargo, no se abordó el tema de servidores públicos sancionados por estar vinculados a estos casos.
"La crisis por la Covid-19 vino como anillo al dedo a la Cuarta Transformación ya que por décadas durante el periodo neoliberal las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural para que las grandes corporaciones y los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público", declaró Eréndira Sandoval.
Bohórquez señaló que todo caso de corrupción involucra por un lado a servidores públicos y por el otro a particulares que pueden tomar la forma de empresas, intermediarios despachos de abogados, contadores, la corrupción opera en red, hay infiltradas redes de corrupción que normalmente gozan de protección política. "Los casos de corrupción que se han llegado a conocer hasta ahora ninguno ha sido apropiadamente sancionado".
Ambos coincidieron en que urge un cambio en la política de gasto en donde el riesgo de corrupción sea menor y que haya certeza de que se contrata mejores condiciones de calidad y precio. "Que sean mejores para el gobierno y que entonces sean mejores para los servicios que se pueda ofrecer hacia los ciudadanos".