Cofece advierte a productores de tortillas por posible colusión para elevar precio

La Cofece explicó que, la Autoridad Investigadora exhortó a los dirigentes de estas asociaciones a que eviten emitir recomendaciones sobre aumento de precios.

CIUDAD DE MEXICO. 02ABRIL2020.- Tortillerías en la Capital, continuan trabajando para dar un producto fresco a los ciudadanos. 14 pesos por kilo de tortilla. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
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La Autoridad Investigadora, de la Comisión Federal de Competencia Económica, remitió advertencias al Consejo Nacional de la Tortilla y a diversas agrupaciones, a través de sus representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, debido a que tiene conocimiento de que podría existir un aumento consensuado en el precio del kilogramo de la tortilla, el cual pudo haber sido incitado por estas agrupaciones al promover entre sus afiliados la manipulación del precio de este producto.

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La Cofece explicó que, la Autoridad Investigadora exhortó a los dirigentes de estas asociaciones a que eviten emitir recomendaciones sobre aumento de precios, así como a fomentar y vigilar que sus afiliados tomen decisiones de comercialización y de precios de venta de manera estrictamente individual, conforme a sus estrategias de negocio, hecho obligado en un entorno de precios libres.

Aclaró que los precios deben determinarse sin inferencia alguna de los competidores, es decir cuando exista, o si es que existe, un aumento en el precio de los insumos en la producción de tortilla, la decisión de aumentar o no el precio de la tortilla debe ser de cada tortillería, ya que de hacerlo de manera coordinada con sus agremiados implicaría violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

También reiteró que la coordinación o intercambio de información entre agentes económicos competidores para establecer precios constituyen prácticas monopólicas absolutas, las cuales, en su caso, pueden ser sujetas, entre otras sanciones, a multas de 10% de los ingresos de cada agente económico que participe en el acuerdo, e incluso responsabilidad penal a las personas físicas participantes del acuerdo, que se sancionaría con cinco a 10 años de prisión y con mil a 10 mil UMA s1 de multa