Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) presentó ante la corte federal de Colorado el recurso legal de apelación a la sentencia del juez John L. Kane que ratifica la obligatoriedad de Cementos de Chihuahua a pagar a su exsocia boliviana CIMSA la cantidad de 36 millones de dólares más otros gastos, que suben la cifra a más de 44 millones de dólares.
Este recurso de apelación que hacen los abogados de GCC, se hace en el tiempo estipulado por la ley para seguir el proceso legal que fija su postura ante CIMSA, no pagar el incumplimiento contractual por el cual fue sentenciado en Nueva York por el Tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).
Esta respuesta también se da en cumplimiento a lo que en su reporte del primer trimestre del año menciona Cementos de Chihuahua, diciendo que no reconoce el fallo del CIAC y ahora la corte federal de Colorado y actuaría conforme a derecho para responder.
En 2005, inicia operaciones en Bolivia, en sociedad con la compañía boliviana CIMSA. En 2010, cuando las empresas negociaban la compra-venta de acciones vendidas cinco años antes, el Estado Plurinacional de Bolivia expide un decreto para nacionalizar la cementera Fancesa. La expropiación desanimó a los inversores que se habían comprometido a suscribir los valores de titularización con los que CIMSA pretendía financiar la compra de los títulos a GCC.
GCC decidió salir cuando antes de Bolivia y acordó, a través de J.P. Morgan, la venta de sus acciones a Consorcio Cementero del Sur (CCS), de Perú, no obstante que GCC acordó con CIMSA una hoja de términos que limita la libre transferencia de acciones a terceros.
En 2015, después de un prolongado proceso arbitral, GCC fue sentenciado por incumplimiento contractual por el Tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). Se le condenó a pagar 36 mdd por concepto de daños, más gastos, a favor de CIMSA. En el Tribunal calificó la conducta de GCC como un incumplimiento a un acuerdo comercial y una falta a la buena fe.
A finales de marzo de 2019, un Tribunal de Distrito, en Colorado, Estados Unidos, confirmó el laudo arbitral, cuyo monto podrá incrementarse hasta 44 mdd, por concepto de gastos legales y pago de intereses. Al incumplir con el pago establecido, las autoridades correspondientes podrían embargar los bienes de GCC en Estados Unidos.
Actualmente la cementera mexicana se encuentra viviendo momentos complicados, reportó en el primer trimestre del año una caída del 65 por ciento de sus utilidades netas, justificando la caída en sus ventas al clima adverso de la temporada invernal en los Estados Unidos.