El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita una resolución favorable sobre la Ley de Seguridad Interior, con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos.
El dirigente empresarial señaló que esta legislación es de suma importancia, porque otorga un marco jurídico de certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas.
Para Castañón Castañón, representante del sector privado, la Ley responde a buena parte de las inquietudes manifestadas por miles de micro y pequeños empresarios ante la inseguridad que prevalece en distintas regiones de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.
Señaló que tanto dueños como empleados de los negocios son hostigados por los grupos delincuenciales, al obligarlos a pagar el derecho de piso para ofrecer sus productos y servicios.
“Hay violencia en las calles y eso significa que las autoridades locales están rebasadas porque no tienen los suficientes elementos policiacos para garantizar una convivencia pacífica”, dijo en entrevista con Notimex, al ser consultado sobre la eventual impugnación a dicha ley, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado.
De ahí que, dijo, la Ley de Seguridad Interior garantiza la entrada de las Fuerzas Armadas en aquellas zonas, el compromiso de las autoridades locales para capacitar a sus corporaciones policiacas, invertir en investigación e inteligencia e impulsar un sistema de seguridad que de confianza y resultados.
Convocamos a que se generen medidas para el fortalecimiento, capacitación y coordinación policial #LeyDeSeguridadInterior pic.twitter.com/4IXKbpuH3k
— CCE (@cceoficialmx) 4 de enero de 2018
Castañón Castañón opinó que la iniciativa debe estar complementada con una ley de coordinación policiaca, ya sea a través de un mando mixto o único, en apoyo a la intervención de las Fuerzas Armadas, lo que reforzará el bienestar y la paz en las regiones donde no las hay.
“Necesitamos también que los gobiernos estatales y municipales asuman su compromiso y parte de responsabilidad para garantizar la paz y convivencia en cada rincón de nuestro país, de manera contundente”, remarcó.
Con respecto a la preocupación y oposición de diferentes organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, coincidió en que es necesario hacerle las adecuaciones pertinentes, con irrestricto apego a los derechos humanos, “pero no por eso debemos frenar la ley, porque es importante”.
“La hemos discutido durante mucho tiempo y no la habíamos tenido (una iniciativa) hasta ahora. No podemos paralizar el país porque tenemos que tener instituciones sólidas y fuertes que hagan cumplir la ley”, insistió.
Si bien nadie ha impugnado la Ley de Seguridad Interior ante la SCJN, esto no necesariamente significa que no hay una acción de inconstitucionalidad contra la misma, porque el plazo vence hasta el 20 de enero, por lo que es necesario esperar para saber el rumbo de la misma, argumentó.
Reiteró que esta medida deber ser complementada con otra de coordinación policiaca y también debe culminarse el Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que son dos temas importantes que generan confianza para México, un país que está en un crecimiento de desarrollo importante.
El pasado 21 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, pero ofreció no emitir ninguna declaratoria de protección en los términos de la misma hasta que la Suprema Corte decida sobre su constitucionalidad.