La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planteó que existen una serie de dificultades en México, que harían inoperante la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo doméstico.
En un documento de respuesta enviado a la Cámara de Diputados, la dependencia federal enumeró una serie de obstáculos que dificultan tal decisión, como la falta de recursos y la necesidad de modificar distintas leyes como la propia Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS y otros instrumentos normativos.
Entre los “peros” que la STPS puso, se encuentran las complicaciones para vigilar a través de inspectores, los domicilios en los que trabajan las personas del servicio doméstico; así como elaborar un padrón o registro de quienes se dedican a esa actividad.
Externó que para hacer efectivo ese ordenamiento, los legisladores tendrían que aprobar reformas que den paso a políticas públicas en la materia; asimismo, indicó, deberán destinar más recursos a la autoridad competente, a fin de implementar acciones que permitan garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticos, que deberían tener acceso a condiciones similares de trabajo al resto de los ciudadanos.
Agregó que la “naturaleza especial” del trabajo doméstico en México, impide garantizar a quienes lo realizan el acceso a la contratación colectiva, al pago de prestaciones y a la libertad sindical.
Añadió que par la inspección laboral, “existiría una dificultad operativa, ya que no se está en posibilidad de desplegar un operativo de vigilancia en trabajo doméstico, dado el limitado número de inspectores con el que se cuenta”.
Reiteró que para vigilar que las condiciones en que laboran aquellos y aquellas que se dedican al servicio público, se necesitaría un registro a nivel nacional no solo de las personas, sino de los hogares en que prestan sus servicios.
Pero “al no existir la obligación legal de los empleadores de hace del conocimiento de la autoridad laboral la existencia del trabajo doméstico en sus hogares, se dificulta conocer el universo de centros en que se efectúa esa labor”, abundó.
La dependencia a cargo del secretario Alfonso Navarrete señaló que todos esos factores representan obstáculos para que se lleve a cabo la vigilancia en torno al trabajo doméstico.
Puntualizó que una normatividad de ese tipo y la presentación de quejas por parte de esos empleados ante la autoridad “obligaría a la misma a visitar domicilios en los que se presuma la existencia de trabajo doméstico, situación que podría resultar contraria a la garantía prevista en el artículo 16 de la Constitución Política”.
Al solicitar al Gobierno Federal que concrete acciones para ratificar el Convenio en cuestión, los congresistas indicaron que en el orbe, solo 22 países de los cuales 10 son latinoamericanos, incluyendo a México, no han cumplido ese trámite.
Calificaron como preocupante que no se haya concretado la adhesión a ese instrumento internacional, pese a que se estima existen 29.1 millones de personas en la informalidad y 2.3 millones de trabajadores, el 95 por ciento mujeres, que realizan labores domésticas.