La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) refrendó su apoyo a las acciones que llevan a cabo las instituciones del gobierno federal y las Fuerzas Armadas para combatir el delito de robo de combustibles y el de autotransporte.
El presidente del organismo, Manuel Herrera Vega, dijo que “en la Concamin expresamos nuestro absoluto respaldo a las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, en todas las labores de seguridad que realizan en todo el país, y en particular por los operativos que se están llevando en algunos estados de la República, para combatir el robo de combustibles”.
Este delito va en aumento y se estima que la venta ilícita de gasolina representa más de 20 mil millones de pesos anuales, refirió además, que en 2016 se registraron 213 fugas y derrames en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y 78 eventos de pérdida de contención en ductos de transporte, de los cuales más de 50 por ciento fueron originados por vandalismo.
En este contexto, sostuvo que existe una minuta en el Senado de la República para dar mayores atribuciones a las autoridades, a fin de combatir este delito, por lo que consideró urgente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que establezca facultades y lineamientos de las fuerzas armadas para el desempeño de sus funciones.
Herrera Vega subrayó en conferencia de prensa, que el robo de combustibles inhibe la inversión tanto nacional como extranjera en el sector y frena la competitividad y desarrollo económico.
El dirigente del sector industrial, también habló del robo al autotransporte que ha impactado al aparato productivo del país, pues además de la pérdida constante de mercancías, las empresas han visto elevados sus costos hasta en 200 por ciento por concepto de seguros y entre 8.0 y 12 por ciento en seguridad privada.
Al respecto, pidió a la Cámara de Diputados resolver las modificaciones al Código Penal Federal que establecen sanciones de entre siete y 13 años de prisión para quienes roben autotransportes y se convierta en delito federal.
Abundó que entre los estados tipificados con riesgo severo por este delito se encuentran Guanajuato y Puebla; en tanto que Veracruz, México, Querétaro, Michoacán y Jalisco se encuentran en nivel alto; Tlaxcala, Tamaulipas y San Luis Potosí, en rango elevado.
Manuel Herrera Vega añadió que los sectores más afectados por este delito, son los de alimentos y bebidas, materiales de construcción, combustibles, electrónica, autopartes, químico y plásticos.