La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dio a conocer que solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) el ejercicio de la acción penal en contra de varias personas físicas, derivado de la probable colusión en licitaciones del sector salud, que provocaron que las instituciones públicas pagaran un sobreprecio de hasta 52% en los insumos adquiridos.
De acuerdo con Carlos Mena Labarthe, esto, ocasionó un daño de por lo menos 381 millones de pesos, y recordó que, por su alto impacto negativo, las prácticas monopólicas absolutas son consideradas las más nocivas para la competencia, de allí, que para los individuos que participan en este tipo de conductas se haya establecido como delito contra la economía pública, en el Código Penal Federal.
Informó que las sanciones administrativas podrán ser multas de hasta el 10% de los ingresos de los agentes económicos, así como la inhabilitación para ejercer cargos directivos; mientras que las sanciones penales, previstas en el Código Penal Federal, consisten en prisión de 5 a 10 años y de mil a 10 mil días de multa a las personas físicas que hayan celebrado, ordenado o ejecutado prácticas monopólicas absolutas.
En conferencia de prensa Mena Labarthe, recordó que esa solicitud deriva de una investigación realizada por la Autoridad Investigadora, en la que se encontró evidencia de colusión/coordinación, entre participantes en licitaciones públicas convocadas por el Sector Salud en productos que adquirieron diversas entidades y que determinó la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas.
Por último, hizo un llamado a quienes están participando o hayan participado en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, a que se acerquen a la Autoridad Investigadora de la COFECE y se acojan al “Programa de Inmunidad” el cual es la única alternativa que tienen para evitar la cárcel.