De enero a junio de este año se presentaron 395 quejas ante Profeco por este motivo; podría superar en 23 por ciento a las de 2016.
El diputado Erik Juárez Blanquet (PRD) impulsa una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de evitar la publicidad engañosa relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio.
Planteó modificar el artículo 7 Bis para establecer que el proveedor, al exhibir el monto total a pagar por los bienes que ofrece, evite incluir textos u otras cifras que se presten a la confusión. Además, precisar en el artículo 32 que la información o publicidad que se difunda de bienes o servicios deberán estar exentos de cifras cuyo tamaño, color o tonalidad rivalicen con el monto a pagar.
Refirió que según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante 2016 se presentaron 644 quejas relacionadas con la publicidad engañosa, promociones, descuentos y por no respetar los precios exhibidos.
Resaltó que, para junio del presente año, se han presentado 395 quejas bajo las mismas causales relacionadas: publicidad engañosa, promociones, descuentos y precios. De continuar esta tendencia, al final de 2017, la cifra podría llegar a 790, lo cual representa un incremento respecto al año anterior de 23 por ciento.
A través de una iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, el legislador comentó que en diferentes tiendas de autoservicio, clubes de descuento, de autoservicio o departamentales se han presentado quejas ante la Profeco debido a confusiones en las relación que guarda el precio exhibido con la cantidad a ahorrar en algún tipo de promoción derivada de un descuento.
Precisó que en algunas tiendas se exhibe el ahorro o descuento que se hará al realizar la compra, pero no se da conocer el precio.
Por ello, afirmó, “ante el oportunismo de las tiendas departamentales al no usar textos, sino cifras para intentar distorsionar la información que ofrecen a sus clientes que, bien podrían tener una racionalidad limitada por diversas causas”; es necesario ser preciso en la legislación para cerrar lagunas que permitan que este oportunismo represente un costo adicional al consumidor en su etapa de decisión.