La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) es obsoleta y en 2018 debería desaparecer, a fin de dar paso a un organismo autónomo que tome decisiones con fundamento en las mediciones que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), propuso el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Arturo Santana.
El integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó un par de iniciativas que se analizan en comisiones, cuyo propósito es desaparecer en definitiva el órgano que no ha logrado el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
“Para reformar el artículo 123 y convertir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en un Instituto Nacional Autónomo de los Salarios Mínimos, con una composición diferente que incluso pudiera llevar consigo que Coneval fuese integrante de la secretaría técnica de este instituto autónomo y que a su vez se pueda auxiliar de expertos en materia laboral y en materia social”, apuntó.
Consideró que al momento de definir el aumento al salario, se debería tomar en cuenta la opinión de expertos en temas financieros, de desarrollo social, así como observar aspectos como la productividad y otros indicadores.
Recordó que el salario mínimo ha perdido, en los últimos 30 años, más del 70 por ciento de su poder adquisitivo, lo que se refleja en las dificultades que los ciudadanos tienen para cubrir sus necesidades básicas.
Santana Alfaro señaló en esas circunstancias, son insuficientes los esfuerzos del sector empresarial, para acordar un incremento al salario mínimo este 2017, de 80.04 pesos a 85 pesos; así como la decisión de la Conasami, de autorizar un alza de 3.32 pesos, a partir del 1 de enero de 2018, cuando el pago básico a los trabajadores será de 88.3 pesos.
Sobre su propuesta en torno a la Comisión de salarios, puntualizó que en semanas pasadas, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, dijo en reunión privada con los diputado federales, que existe apertura del gobierno federal a discutir el futuro del organismo en cuyas decisiones participan la parte gubernamental, patronal y obrera.