El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica resolvió que Arturo Javier Solano Andalón y Morayma Preza Espinoza, empresarios y líderes de la industria de la masa y la tortilla, cometieron una práctica monopólica absoluta en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en Jalisco.
La comisión detalló que esta práctica anticompetitiva la cual fue propiciada, inducida y contó con la coadyuvancia de Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de desarrollo rural del estado, por los que también fue multado.
La Cofece destacó que la tortilla es fundamental en la alimentación de las familias en México. Es el segundo producto más importante de la canasta básica del país en términos de su ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), después de la carne de res.
El 11 de febrero de 2017 el Secretario de Desarrollo Rural (Seder) del gobierno de Jalisco, Héctor Padilla, se reunió con él y con Morayma Preza, Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Industriales, en la que promovió la firma de un Acuerdo para establecer un rango de 9 a 14 pesos para el precio de venta al público del kilogramo de tortilla, el cual dieron a conocer el mismo día y públicamente en una conferencia de prensa convocada por el titular de la Seder, pero esto ocasionó que los consumidores, pagaran un sobreprecio por la conducta de 22 centavos por kilogramo Así, el daño estimado en este mercado fue de más de 52 millones 627 mil pesos, resultado de multiplicar el sobrecosto por el consumo promedio de tortilla de las familias de Guadalajara, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, fecha en que terminó la investigación.
Conforme al principio de legalidad, el actuar de las autoridades debe apegarse a lo que expresamente les está permitido por la Ley. En este sentido, Héctor Padilla habría actuado fuera del ejercicio de sus atribuciones, toda vez que la Seder no está facultada para manipular el precio de algún bien, a través del establecimiento de un rango para estos, de manera unilateral o en colaboración con particulares o autoridades.
Derivado de lo anterior, el Pleno de la Comisión impuso multas a los participantes del Acuerdo ilegal que en conjunto suman un total de 394 mil 508 pesos, las cuales se definieron en función de la capacidad económica de cada uno de los sancionados, con base en los ingresos que reportan ante el Servicio de Administración Tributaria. Adicionalmente, el Pleno ordenó informar de esta resolución a la Contraloría del Estado de Jalisco, así como a los titulares y los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para los efectos legales a que hubiere lugar.