Audio: El presidente Enrique Peña Nieto
Audio 2: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
El “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, establece que las organizaciones empresariales, sindicales, y de productores del campo y el Gobierno de la República realizarán las acciones necesarias a efecto de evitar que se observe un incremento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica.
El gobierno de la República, el sector empresarial, y sindicatos asumen el compromiso de no incurrir en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica.
Los sectores laboral y del campo, permanecerán atentos y vigilantes, a efecto de detectar y denunciar aquellos casos de abuso o incumplimientos a este compromiso.
El sector gubernamental se compromete a impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley; modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana; mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo; emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables.
Se realizará una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho.
Además de que se reforzarán acciones en favor de la libre competencia. Los factores de la producción se comprometen a seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.
Asimismo, el acuerdo tiene también como objetivo principal impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018, y fomentar nuevas inversiones en nuestra economía manteniendo la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad.
En este sentido, los sectores empresarial, sindical y del campo se comprometen a privilegiar la productividad como medio para impulsar el crecimiento, el desarrollo, la competitividad y la mejora de los ingresos de los trabajadores del país.
Para ello impulsará la inversión y el empleo por parte del gobierno Federal a través de la Banca de Desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y las Asociaciones Público Privadas, así como con nuevos estímulos y procesos de simplificación que permitan más inversión, particularmente en favor de pequeñas y medianas empresas.
De igual forma, Peña Nieto y los empresarios establecerán que el tercer eje del presente acuerdo busca preservar la estabilidad económica que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado construir y que permitirá impulsar la dinámica de todos los sectores sin deteriorar la posición fiscal del país.
Por esto se habrá de garantizar un creciente superávit primario, reduciendo el endeudamiento del gobierno federal; refrendar el esfuerzo permanente por preservar la estabilidad económica que el gobierno federal ha construido en los últimos años mediante un buen balance de política fiscal, política monetaria, sistema financiero y reformas estructurales que se complementen con medidas de transparencia y combate a la corrupción.
El gobierno de la República ejercerá el presupuesto de manera clara, transparente y austera, cuidando en todo momento el gasto social. Se impulsará la plataforma de transparencia presupuestaria, incluyendo información sobre contrataciones gubernamentales.
Adicionalmente a los ajustes aprobados por el Poder Legislativo, el gobierno de la República establecerá otras medidas de austeridad, incluyendo reducir en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales, sin que estas medidas afecten los programas sociales.
Además, se establece que los firmantes rechazan cualquier medio ilegal para expresar malestar y reprueban los actos de violencia, rapiña y vandalismo que afectan los derechos de terceros.
El gobierno de la República, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales fortalecerán las medidas que tengan por objeto inhibir y sancionar hechos delictivos que atenten contra la integridad física de las personas y la propiedad pública o privada o promover la cultura de la legalidad y la formalidad. Se fortalecerá el Estado de Derecho para combatir la corrupción y aumentar la transparencia.
@Omar_AguilarG