El titular de la Secretaría de Economía (SE) Ildefonso Guajardo, recordó que el diálogo entre empresarios y autoridades federales comenzó al inicio de esta administración, ante la decisión de la Coparmex de no suscribir el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico.
El funcionario reconoció que cada organización o sector productivo puede tener su posición respecto al tema, por lo que dijo estar dispuesto a escuchar los posicionamientos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) frente al convenio.
Afirmó que 11 organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han estado presentes a lo largo de las diferentes reuniones que han sostenido con el gobierno federal y cuyas propuestas y proyectos fueron escuchados oportunamente.
“La construcción de consensos y el diálogo ni empezó ayer ni empezó antier; el diálogo se ha construido a través de la confianza con el sector empresarial de México desde el primer día de este gobierno”, puntualizó.
El funcionario afirmó que la referencia es que la Agenda Por México, posicionado en 2012 por el Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos cúpula representados en el CCE, lleva un avance de por arriba de 85 por ciento.
Entrevistado luego de encabezar la inauguración del Foro Competencia y Regulación, Guajardo destacó los alcances del mencionado acuerdo, presentado y apoyado por la gran mayoría de los sectores productivos del país.
“Cada quien visualiza sus temas como los quiere visualizar, tres veces al año, el Secretario de Hacienda ha presidido una reunión del Consejo Nacional de Productividad donde todos los sectores productivos han ido posicionando temas fundamentales”, abundó.
A decir del secretario de Economía, la construcción de los consensos se genera precisamente a través de la confianza y del entendimiento mutuo; “este no es un tema de alineación o de disciplina de sectores frente a nadie”.
En otro orden de ideas, anticipó que las autoridades mexicanas esperarán a que Donald Trump tome posesión para conocer qué tipo de políticas públicas adoptará sobre sus amenazas a empresas automotrices para cancelar proyectos en México.
La finalidad es identificar qué tipo de medidas se tomarán, ya que, afirmó hasta el momento sólo son “ocurrencias” de alguien que todavía no tiene condición de autoridad.
“No hay ninguna autoridad establecida a que al día de hoy haga presiones indebidas, utilizando algún instrumento de política pública, simplemente ha sido la expresión individual”, subrayó.
Guajardo estimó que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) queda claro que hay una serie de capítulos que regulan el comercio y la inversión.
“Tendríamos que esperar a la definición de la política pública para analizar si es o no violatoria de los tratados establecidos o de los convenios multilaterales al interior de la Organización Mundial de Comercio”, concluyó.