Organizaciones cúpula del sector privado del país se pronunciaron por un diálogo con el gobierno federal para analizar los impactos del alza de los combustibles y sus posibles soluciones.
“Promoveremos a la brevedad posible una reunión con representantes del gobierno federal para abordar los desafíos, los obstáculos y las medidas que desde la perspectiva del sector industrial es posible impulsar, a fin de mejorar el ambiente para los negocios y las bases para el crecimiento sostenido de nuestra economía”, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El organismo presidido por Manuel Herrera Vega expuso que “todos los mexicanos somos factor importante para la gobernabilidad, la convivencia social y la armonía”.
Consideró que obstaculizar las actividades productivas y comerciales no es la mejor alternativa para enfrentar los efectos provenientes del aumento en los precios de los combustibles, por lo que se debe actuar con responsabilidad y trabajar en unidad, respetando el patrimonio de los demás y el derecho al libre tránsito.
La manifestación de las ideas, refirió, no debe ser motivo para impulsar acciones que generen inestabilidad, disturbios y desencuentros entre los mexicanos.
“Emprenderemos el diálogo con nuestras Cámaras y Asociaciones para analizar las razones, los efectos y las opciones para afrontar el ajuste a los energéticos, enfatizando nuestro compromiso con el desarrollo nacional y nuestro apego al respeto y consolidación del Estado de Derecho”, enfatizó.
En este contexto, hizo un llamado para que el costo del ajuste fiscal aplicado a las gasolinas no se traduzca en un costo social y reiteró que el diálogo y los vínculos de fraternidad y solidaridad que caracterizan a nuestra sociedad deben prevalecer.
“En opinión del sector industrial mexicano, nuestro país debe depender más de las fuentes internas de crecimiento y menos de las externas, y por ello insiste en la necesidad de emprender acciones para el fortalecimiento de las inversiones en territorio mexicano”, subrayó.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) opinó a través de su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, que las reformas estructurales de México, en particular la energética, pueden generar resultados muy positivos para el país.
Lo anterior, como se aprecia por ejemplo en los recientemente obtenidos de las licitaciones públicas para la exploración y extracción de hidrocarburos realizada a finales del año pasado, así como la reciente formalización de asociaciones del sector privado con Pemex, apuntó.
A decir del dirigente, el proceso de liberalización gradual de los precios de las gasolinas marca un cambio de fondo en el mercado energético mexicano, con la participación de nuevos empresarios nacionales y extranjeros que se preparan para competir en diversas áreas del mercado.
Sin embargo, advirtió que los beneficios de la reforma energética no se perciben, a causa del grave problema de las finanzas públicas del país, pues el gobierno optó por resolver el desequilibrio fiscal por el camino más fácil: elevar los impuestos, específicamente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que espera recaudar por la venta de gasolinas y de diésel.
Agregó que lo anterior se ha traducido en un incremento desproporcionado en el precio de dichos combustibles para los usuarios finales, generando protestas en la mayoría de las entidades del país.
“En la Coparmex consideramos que sí hay margen de maniobra para reducir los porcentajes de impuestos considerados en la fórmula para la determinación de los precios de las gasolinas, y ello necesariamente pasa por un mayor esfuerzo del gobierno para corregir su balance fiscal”, precisó.
Más que subir impuestos a las gasolinas hasta representar cerca de 40 por ciento de su precio final, lo que se requiere es un recorte efectivo del gasto público, estableciendo una meta de reducción real con respecto al gasto autorizado por el Congreso para este año 2017, abundó De Hoyos Walther.