Durante los terribles años y momentos de la maquinaria de terror nazi operaron lo que más tarde se conoció como “Noche y Niebla”, cuya acción fue similar a lo que hoy llamamos desaparición forzada. De forma sistémica y progresiva desde hace más de ocho décadas el mundo entero –y México lamentablemente, no es la excepción– se ha desarrollado, perfeccionado y aumentado este tipo de prácticas de grupos delincuenciales, militares, paramilitares, crimen organizado y del mismo aparato gubernamental quienes han actuado con total impunidad contra cualquier ciudadano que consideran “enemigo”, como fueron los casos de los países de América Latina en los años setenta con aquellos regímenes totalitarios y de dictaduras.
Aun cuando en nuestro país lo que va del siglo XXI el aumento de las personas desaparecidas contra su voluntad se presenta en un contexto democrático, vuelve más complejo, más profundo y a su vez, más impune su estudio y estrategias institucionales y del Estado con la voluntad de resolver tal crisis de seguridad nacional. Porque los esquemas y estrategias jurídicas, políticas e institucionales que se han aplicado para atender a los familiares de las víctimas de desaparición forzada son inexactos, diferentes y a veces, inoperables debido a su perspectiva de dictadura y no como ocurren en nuestro país que no son por razones de enemigos del Estado, y se suma el crimen organizado en estas situaciones.
Desde 2008 que México suscribió y ratificó su adhesión a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, buscó construir el marco legal e intersectorial donde la base es el derecho a la verdad y los diversos derechos y mecanismos para cubrir el derecho a la reparación. El principal eje es la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas. La vida y la integridad de las personas por encima de cualquier interés. Y en caso contrario, es decir de fallecimiento, la búsqueda, el respeto y restitución de los restos. Así se comprometió en aquellos años el gobierno de Felipe Calderón, creando comisiones, promoviendo estudios, investigaciones y militarización del Estado como método de pacificación del país con los peores resultados ante la crisis de seguridad. Basta ver las cifras oficiales: entre 2000- 2006 con Fox se registraron 854 desaparecidos; con Calderón (2006-2012) 26121, con Peña Nieto (2012-1028) 40180 y este sexenio de López Obrador (2018 hasta el día de ayer) 50, 278 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); es decir, actualmente hay una persona desaparecida cada hora en nuestro país. Lo que lleva México, en cifras oficiales un toral de 114,184 personas desaparecidas o no localizadas, y este sexenio acumula el 44% del total. La estrategia de Abrazos y no balazos parece que no ha sido suficiente para mitigar la violencia de “noche y niebla”.
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Las personas desparecidas de manera forzosa tienen una fuerte y determinante presencia de su ausencia. Así nos los recuerdan las madres buscadoras, las familias que reclaman justicia, la glorieta de las personas desaparecidas, el plantón en plena asta bandera en el Zócalo de la Ciudad de México en total ignorancia del gobierno saliente y silencioso. Las más de 50 mil personas desaparecidas evidencias la incapacidad de las instituciones para esclarecer, localizar y garantizar que nadie más seres víctimas de desaparición forzada. Las cifras que se acumulan en expedientes insensibles en los Ministerios Públicos, en los escritorios de las Comisiones y en los discursos institucionales son el reflejo de una tragedia nacional que nos hace vivir entre la Noche y la Niebla.
Abramos la discusión: @salmazan71