El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó formalmente su respuesta dentro del procedimiento de juicio político que se sigue en su contra en el Congreso del Estado.
El documento fue entregado la mañana de este lunes en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo por personal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, con lo que quedó integrada su postura al expediente legislativo.
Inicialmente, la Comisión Anticorrupción había previsto la comparecencia del mandatario o de un representante legal; sin embargo, la entrega por escrito sustituyó dicha participación.
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Congreso analizará documento
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Armida Serrato, el escrito fue recibido en el último día del plazo establecido y consta de aproximadamente 240 páginas.
La documentación fue distribuida entre los integrantes de la comisión para su análisis, por lo que el órgano legislativo se declaró en sesión permanente.
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Se prevé que el caso continúe su revisión en una próxima sesión programada para el viernes a las 9:00 horas, donde se definirá si el procedimiento avanza a una etapa de investigación.
Gobernador califica el proceso como “infundado”
En su escrito, Samuel García rechazó las acusaciones en su contra y calificó el juicio político como un proceso “temerario, infundado y oscuro”, promovido por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, en su calidad de ciudadana.
El mandatario también manifestó que su postura se presenta “bajo protesta” y en desacuerdo con el procedimiento legislativo.
Solicita defensor público
Uno de los puntos que generó atención dentro del documento fue la solicitud del gobernador para contar con un abogado defensor público, adscrito al Instituto de la Defensoría del Estado, para su representación en el proceso.
Legisladores señalaron que este tipo de petición no es común dentro de procedimientos de juicio político.
Antecedentes del caso
El juicio político fue promovido tras una denuncia presentada el 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien acusó presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Posteriormente, la Comisión de Anticorrupción del Congreso local dio entrada al procedimiento, aunque algunos legisladores de la bancada de la llamada “4T” no asistieron a la sesión correspondiente.