La urgencia de agilizar los trámites de construcción a través de la figura legal de la afirmativa ficta y de homologar los criterios regulatorios en los municipios del Área Metropolitana de Monterrey se convirtió en el reclamo central del sector inmobiliario. Representantes de la industria advirtieron que los severos retrasos institucionales en la entrega de permisos han disparado los costos de los proyectos habitacionales, impactando directamente en el bolsillo de los compradores.
Durante el foro “El futuro del desarrollo inmobiliario: Preventas y nuevas reformas”, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), los especialistas detallaron que los tiempos para obtener autorizaciones municipales se alargaron de un promedio de 10 meses hasta los tres años en diversas localidades de la periferia, una situación que eleva los costos financieros de las obras por el tiempo muerto acumulado.
Proponen afirmativa ficta integral ante incremento en tasas de interés
Al respecto, Benjamín Díaz, director general de KOINOX Developers, planteó que la afirmativa ficta —herramienta jurídica donde el silencio de la autoridad se traduce en una aprobación— no debe li mitarse únicamente al régimen de condominio como se discute en el Congreso del Estado, sino abarcar licencias de construcción, permisos de uso de suelo y factibilidades de servicios.
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"Si yo compro un terreno el día uno y ya sé qué voy a desarrollar, debería poder comenzar a trabajar en los proyectos desde el día dos, mientras la autoridad mantiene la facultad de supervisar y detener cualquier incumplimiento", explicó el directivo.
Las presiones financieras para los desarrolladores de Nuevo León se han agudizado debido a factores macroeconómicos. Los empresarios señalaron que el costo del financiamiento prácticamente se duplicó en el mercado actual, pasando de tasas de interés de niveles del 7 u 8% a un promedio cercano al 15%.
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A pesar del complejo panorama, los líderes del sector respaldaron las iniciativas de ley orientadas a regular el mercado y blindar al consumidor, apoyando la propuesta de prohibir estrictamente la preventa y comercialización de desarrollos que aún no cuenten con una licencia de construcción vigente.