Organizaciones de derechos humanos y la familia de Ángela Saucedo Elizondo denunciaron que la muerte de la adolescente de 15 años, ocurrida en 2020 dentro de un centro de rehabilitación en Nuevo León, fue resultado de tortura y graves violaciones a los derechos humanos, por lo que impugnaron la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).
Los activistas y especialistas señalaron que la recomendación 03/2026, emitida por el organismo, reconoce diversas violaciones, pero omite calificar los hechos como tortura y tampoco contempla medidas suficientes de reparación integral ni garantías efectivas de no repetición.
El coordinador general de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Pablo Adame Quiroga, explicó que el caso de Ángela evidencia la falta de supervisión y regulación en los llamados “anexos” o centros de tratamiento de adicciones.
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“Hoy estamos aquí para hablar sobre el caso de Ángela, una adolescente que murió víctima de feminicidio, tortura y otros tratos inhumanos en un centro de rehabilitación”, señaló.
Por su parte, Alejandra Elizondo, madre de la víctima, afirmó que el proceso de búsqueda de justicia ha sido largo y doloroso, y denunció irregularidades en el seguimiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio al caso.
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La madre relató que durante cinco años trabajó con la Comisión estatal para que se emitiera una recomendación relacionada con el caso; sin embargo, tras un cambio de personal en 2025, el documento final resultó incompleto y, a su consideración, inconsistente con el trabajo realizado previamente.
“Lo que estamos peleando es una garantía de no repetición. Ángela ya descansa, pero existen muchas personas en este mismo tipo de situación”, señaló.
Las organizaciones que acompañan el caso también indicaron que la recomendación presenta deficiencias jurídicas importantes. La abogada y defensora de derechos humanos Day Arellano explicó que la impugnación busca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revise el documento.
Entre los principales agravios identificados, destacó la omisión de calificar los hechos como tortura, a pesar de que el propio expediente describe agresiones sexuales, desnudez forzada, privación de la libertad y la negativa deliberada de atención médica.
La adolescente falleció después de permanecer dos días en agonía tras sufrir una cetoacidosis diabética que derivó en un infarto, sin recibir atención médica pese a que sus compañeras solicitaron ayuda.
Las personas responsables del centro ya fueron sentenciadas por feminicidio y corrupción de menores; no obstante, las organizaciones sostienen que las condiciones que permitieron el crimen fueron resultado de omisiones del Estado al no supervisar ni regular adecuadamente estos establecimientos.
Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Denise Montiel subrayó que nombrar los hechos correctamente es fundamental para garantizar justicia.
Agregó que la narrativa utilizada en la recomendación minimiza la gravedad de lo ocurrido y constituye una forma de revictimización para la familia.
Las organizaciones también alertaron sobre la falta de información oficial sobre los centros de rehabilitación que operan en la entidad, muchos de ellos de forma clandestina.
Por ello, solicitaron a las autoridades la creación de un censo de estos establecimientos, un registro público georreferenciado, inspecciones periódicas y la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales con participación de víctimas y sociedad civil.