El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, sufrió un revés legal tras la decisión del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de desechar dos amparos que presentó para detener el juicio político en su contra.
Este proceso es impulsado por el Congreso local debido a presuntas violaciones reiteradas a la Constitución, leyes secundarias y normas electorales.
Los amparos, identificados con los números 1020/2024 y 1021/2024, buscaban anular el acuerdo emitido el 15 de agosto, en el que la Comisión Anticorrupción del Congreso determinó iniciar el procedimiento de juicio político en su contra.
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Samuel García argumentó que la decisión violaba sus derechos, pero el Juzgado resolvió que los actos reclamados no pueden ser impugnados mediante juicio de amparo, ya que no encajan en las excepciones contempladas por la ley.
El juez explicó que, según la Ley de Amparo, los juicios relacionados con actos de juicio político no pueden ser defendidos bajo esta figura legal. Por tanto, la solicitud del Gobernador fue desechada al no cumplir con los requisitos legales necesarios para proceder.
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El fallo también indicó que, debido a la relación entre ambos amparos, los casos fueron acumulados para resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones.
Con esta resolución, el juicio político en contra del Gobernador sigue su curso en el Congreso de Nuevo León.