La defensa de Emilio Lozoya refutó la información que difundió el pasado 21 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno a los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En un comunicado, el abogado Miguel Ontiveros Alonso aseveró que nunca una autoridad del gobierno de México había hecho referencia a una supuesta “mordida” de 8.4 millones de dólares que le dio Altos Hornos de México (AHMSA) por la compra de Agronitrogenados.
Al respecto, mencionó que esta afirmación no tiene antecedente, ni documental ni técnico, por lo que resulta inaceptable, motivo por el que aseveró que la UIF debe verificar su información.
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En relación con un supuesto soborno de 3.4 millones de dólares recibido a través de AHMSA, está acreditado que dicho monto obedece a proyectos realizados por Lozoya Austin antes de ser servidor público y que fue recibido tiempo antes de asumir la dirección general de Pemex. Ya se ha puesto en evidencia que no puede afirmarse delito de corrupción alguno en este caso.
En relación con la venta de Agronitrogenados, la defensa de Lozoya Austin destacó que, a escala administrativa, no existe investigación alguna relativa a la compra-venta, toda vez que el proceso fue auditado y validado por las autoridades administrativas, además de que la documentación correspondiente obra en la carpeta de investigación.
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Sobre el contrato de Tula I, Miguel Ontiveros refirió que las mismas autoridades afirmaron, en audiencia y frente al juez de control, que estuvo perfectamente ejecutado, por lo que no se desprende elemento alguno relativo a algún tipo de responsabilidad administrativa, mercantil o penal.
Mientras que los contratos de Salamanca y Tula II, éstos no forman parte de procedimiento alguno vinculado a Emilio Lozoya.
Por este motivo, reiteró que el monto de 30 millones de dólares exigido a Lozoya Austin como supuesta reparación del daño, es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico.