La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación general respecto a los Servicios de la Defensoría Pública, al denunciar que persisten fallas estructurales que impiden el acceso a la justicia y el debido proceso.
La titular del organismo, Nashieli Ramírez, estableció cinco ejes en los que se fundamenta la propuesta para mejorar las condiciones de la defensoría pública, especialmente, la urgencia de atender las condiciones que precarizan la labor que llevan a cabo las personas defensoras públicas.
“Se identifica la falta de personal, sobre todo, en materias distintas a la penal, y la necesidad de aumentar los salarios en razón de que son personas trabajadoras de confianza que, de acuerdo con la ley, no pueden tener percepciones inferiores a las ordinarias que corresponden a las personas agentes del ministerio público en el nivel básico y esto no sucede así”, advirtió.
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Nashieli Ramírez dijo que es necesario contar con el Instituto de Capacitación y Colegio de Defensores, además de que desde 2014 no se ha emitido el reglamento de la Ley de la Defensoría Pública, por lo que se emplea un reglamento que data de 1988.
Asimismo, mencionó que existen acciones y omisiones de las personas defensoras que obstaculizan el acceso a la justicia.
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Resaltó también, la necesidad de impulsar tareas de apoyo a los grupos de atención prioritaria.
Por ello, recomendó, elaborar un protocolo para atender a estos grupos, realizar un diagnóstico estructural de los servicios que se prestan, construir vías para mejorar la comunicación con los usuarios, ya que en ocasiones las personas que requieren los servicios no entienden lo que los defensores les comunican.
En la presentación de dicha recomendación general, estuvo presente Néstor Vargas consejero Jurídico de la Ciudad de México, quien se comprometió a dar cumplimiento a los puntos recomendatorios que contiene el documento.