El tema de la protección de las mujeres víctimas de violencia provocó un nuevo diferendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que cinco ministros se pronunciaron a favor de fiscalías especializadas para atender únicamente este tipo de asuntos, mientras que la minoría estimó que la defensa se tiene que extender a la familia.
El debate derivó de la resolución de una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de Chihuahua, quienes impugnaron la ampliación de las facultades de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género para atender también asuntos relacionados con la familia.
La ministra María Estela Ríos González se unió a la minoría y propuso validar la reforma, al argumentar que la violencia también puede darse en el ámbito familiar, salvo en algunos casos.
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“El propio convenio de Belém do Pará, habla de que la violencia puede, en su artículo segundo, habla de que la violencia puede darse en el ámbito familiar. Y me parece que no hay una un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido, no sé, mediante un, ¿qué? Un, no sé cómo le llaman estos in vitro, que haya nacido in vitro, a la mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”.
El ministro Arístides Guerrero García, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, propuso declarar inconstitucional la reforma, ya que extender sus facultades “a la familia” debilita a la fiscalía.
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“El cambio de una sola frase cambió el alcance de una fiscalía creada especialmente para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo que parecía una expansión de funciones terminó planteando una pregunta central para este tribunal. ¿Puede una institución que ha sido diseñada para atender a las mujeres en situación de violencia mantener su fuerza y especialización si se le asigna a atender también todos los asuntos de orden familiar?”
La ministra Yasmín Esquivel Mossa se opuso a la propuesta por la siguiente razón.
“La necesidad de contar con fiscalías especializadas nace de la triste realidad que viven las mujeres en nuestro país, quienes diariamente ven violentados sus derechos, son discriminadas, son lastimadas, son abusadas sexualmente e incluso asesinadas por la alta incidencia de delitos contra la mujer por razón de género”.
Ante las críticas que se generaron tras su comentario, María Estela Ríos difundió por la tarde un comunicado en el que pidió no sacar de contexto sus palabras, pues sólo tuvieron un carácter ilustrativo, sin que su finalidad fuera cuestionar la pertenencia familiar ni los derechos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.
Agregó que el sentido de dicho argumento fue destacar que la violencia contra las mujeres puede presentarse en diversos ámbitos, incluido el familiar, además de que busca enfatizar que la noción de familia comprende a las mujeres como parte del ámbito social en el que se desenvuelven.