Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que su cliente respeta, pero no comparte la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que confirmó la sentencia que le obliga pagar una indemnización de 500 mil pesos a la periodista Lourdes Mendoza por el daño moral que le causó por las acusaciones que hizo en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación del caso de corrupción Odebrecht.
En un comunicado, el litigante sostuvo que, al no haber estudiado el recurso de revisión, el alto tribunal permitió que prevaleciera un criterio que representa un retroceso en los estándares de protección a denunciantes de hechos delictivos.
Indicó que es el Estado, y no las víctimas ni los denunciantes, los que tienen la obligación de investigar hechos delictivos y/o probar su veracidad; por ello, refirió que, si la obligación de probar hechos delictivos se la traslada el Estado a los denunciantes o a las víctimas, nadie va a denunciar hechos delictivos y estaremos a la merced de la delincuencia.
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Rojas Pruneda puntualizó que, con esa decisión, la Corte perdió la oportunidad de fijar criterios que protejan a los denunciantes de hechos de corrupción y los deja a éstos a la merced de las personas imputadas o denunciadas.