En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó a través de la mayoría de Morena y bancadas aliadas, la reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente de la República.
En un ambiente de tensión, por las protestas de los trabajadores de esa instancia del Estado mexicano, que se manifestaron a las afueras del recinto parlamentario, avalaron en lo general los cambios constitucionales, con 22 votos a favor.
Morenistas y aliados festejaron al grito de “¡Viva México!” y “¡justicia para México!”. También se aplaudieron a sí mismos por la decisión.
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La oposición del PAN, del PRI, del PRD y Movimiento Ciudadano (MC), emitió 17 votos en contra.
Sellaron sus votos con acusaciones de “traición a la patria” a los congresistas que dieron luz verde al ordenamiento.
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Los congresistas se enfrascaron en acusaciones mutuas por corrupción y en señalamientos contra el Poder Judicial, en especial contra la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña.
El bloque mayoritario acusó “chicanadas” de la oposición, cuando se pidió rectificar el quórum en la reunión.
Para la discusión particular, perfilaron presentar 330 reservas con propuestas de modificación, de las cuáles, sólo avanzaría una de la bancada de Morena, para cumplir la sugerencia del Presidente de la República, de integrar a la norma los “jueces sin rostro”.
Reforma judicial
El proyecto de dictamen al que se hicieron más de 100 ajustes, se centra en la elección de jueces, ministros y magistrados por voto en las urnas.
Prevé dos elecciones para sustituir a todos los integrantes del Poder Judicial, una de tipo extraordinario a realizarse en junio del 2025; y una segunda elección en junio de 2027, a la par de los comicios federales intermedios.
Establece la desarticulación del Consejo de la Judicatura para dar paso a un organismo administrativo que maneje la carrera judicial, y crea un Tribunal de Disciplina Judicial, que fue calificado por la oposición, como “la inquisición”.
Se contempla ampliar el periodo en funciones de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta el 2027, con el fin de que sean ellos los que califiquen las elecciones de juzgadores que habrá en 2025 y en el propio 2027.
Elimina la prohibición a magistrados electorales, para que puedan aspirar a ser ministros de la Corte.
Ese punto fue descalificado por la oposición, al advertir que se integró al dictamen por un intercambio de votos y favores entre la mayoría en el Legislativo, que ofreció extender los encargos de los magistrados electorales, a cambio de que otorgaran la validación de la sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión.
Venganza y desmantelamiento del Poder Judicial
Aunque reconocieron que el bloque mayoritario “hará lo que quiera” y aprobará la reforma, desde la oposición se advirtió que se sumarán a los recursos de impugnación que ciudadanos puedan presentar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el ordenamiento.
Insistieron en acusar que los cambios son una “venganza” contra el Poder Judicial, por emitir resoluciones que no han sido del agrado del Ejecutivo y la mayoría en el Legislativo, y que han dado marcha atrás a decisiones de gobierno.
Calificaron las elecciones de juzgadores que el Ejecutivo Federal propone, como “una kermés” y como un proceso que dirigirá e influenciará el voto de los ciudadanos.
“La reforma judicial lleva más a un despido masivo injustificado y por eso injusto, que violenta incluso principios de retroactividad, que realmente es inoperable la elección: tiene usted 81 nombres, escójalos de aquí, además haga las diferencias, tiene usted más de siete boletas. Lo único que va a hacer es confundir a todos y seguir un dedo elector. Además hay referencias hasta de cartas de recomendación de vecinos, de tómbola, ¡es verdaderamente una kermés!”, alertó la diputada por el PAN, Margarita Zavala.
Reforma judicial no es venganza, es el “plan C”
Los integrantes de la bancada de Morena y fracciones aliadas, morenistas defendieron las modificaciones al refrendar que se trata del cumplimiento del llamado “plan C” de ese partido político y el Gobierno Federal.
“Que el plan C va, que la reforma al Poder Judicial va, que si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, que los morenistas negaron que los cambios al Poder Judicial sean una venganza”, no obstante, reconocieron que va dirigida a la presidenta de la Corte y otros ministros y juzgadores.
“No es consecuencia de Morena o del PT o del Verde Ecologista, es consecuencia de los derroches, de los excesos de Norma Piña y de sus secuaces, ellos han privilegiado un régimen de nepotismos y de excesos”, advirtió el morenista Marcos Rosendo Medina.
También rechazaron que los trabajadores del Poder Judicial vayan a perder sus derechos.
Incluso, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, acusó a los legisladores de la oposición de utilizar a los trabajadores de esa instancia del Estado mexicano que protestaron a las afueras del recinto y entraron al mismo para establecer diálogo con integrantes del PAN y del PRI, como “carne de cañón” para justificar su rechazo.
Intercambio de insultos
A lo largo de las horas, el debate parlamentario cayó en una discusión de acusaciones de ida y vuelta, después de que el diputado de Morena, Óscar Cantón, hablara de manera despectiva a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a la que se refirió como “la Piña”.
En respuesta, legisladoras del PAN e integrantes del PRI acusaron violencia política de género y exigieron respeto a la persona y la investidura de la ministra Piña Hernández.
En el intento de justificar la descalificación a la presidenta del Poder Judicial, morenistas argumentaron que el lenguaje utilizado es “común” y no ofensivo.
Reviraron con el argumento de que en ocasiones anteriores ellos han llamado “narcopresidente” al Jefe del Ejecutivo y “narcocandidata” a la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Diputados federales y “La Ley de Herodes”
Al advertir que la reforma judicial es un “cochinero”, la panista Paulina Rubio hizo enojar a los integrantes del bloque mayoritario, al reproducir un fragmento del audio de la película mexicana “La Ley de Herodes”.
Los comparó con el personaje principal del filme del cineasta Luis Estrada, el alcalde interino Juan Vargas, mejor conocido como “Varguitas”, que nublado por el poder cambia las leyes a su conveniencia, incurre en corrupción y cae en el delito.
“Hoy que quede constancia en el diario de los debates el nombre de todos estos diputados y diputadas Varguitas, que cuando la ley no les acomoda, que cuando la Constitución les incomoda, la destruyeron”, recriminó Rubio Fernández.
Morena acusa “chicanadas”
Entre distintas y constantes interrupciones en la reunión, el bloque mayoritario acusó que la oposición intentó hacer una “chicanada” y acusar ilegalidad en la reforma por falta de quórum, cuando el debate en lo general estaba por terminar.
Los congresistas del PAN y PRI pidieron a la Mesa Directiva de la Comisión verificar la asistencia, incluyendo la presencia de legisladores enlazados vía electrónica.
Buscaban pescar descuidados a legisladores distraídos o ausentes momentáneamente de los trabajos.
Toma de Tribuna
Durante todo el encuentro, quien luchó a gritos por el derecho a usar la voz y fijar su postura, fue la diputada federal sin partido, antes integrante de Morena, Susana Prieto.
La legisladora tomó dos veces la tribuna de la Comisión de Puntos Constitucionales, para hacerse escuchar.
En respuesta, el presidente de la Comisión dictaminadora, Juan Ramiro Robledo decretó un receso de un par de minutos para que la legisladora “entrara en razón” y también, para obligarla a dejar el atril.
Prieto Terrazas acusó de violencia política de género a su ex compañero de bancada, el diputado Robledo Ruiz.