Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, afirmó que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría socavar la independencia de la judicatura mexicana, en caso de ser promulgada sin modificaciones sustanciales.
En respuesta a un escrito que le envió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) la funcionaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la funcionaria dijo que es preocupante que la iniciativa se esté discutiendo en un contexto de intimidación y amenazas contra jueces por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Agregó que en la elección de jueces, las consideraciones políticas podrían superponerse fácilmente a los méritos objetivos de un candidato, además de que la propuesta no especifica los criterios aplicables a la selección de candidatos, ni incluye disposiciones relacionadas con el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones.
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Mencionó que las modificaciones carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad y por el contrario traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos.
Asimismo, la relatora especial subrayó que atribuir dicha responsabilidad a una entidad política como el Senado, la reforma no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos y destacó que las leyes o prácticas que establecen más funciones directas para los Poderes Ejecutivo y Legislativo en los procesos de selección de impartidores de justicia incrementan el riesgo de captura política del poder judicial.
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Indicó que la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas.
Tales dinámicas, añadió, suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad.
Del mismo modo, puntualizó que la “remoción abrupta” de mil 800 jueces y funcionarios podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales, y podría violar su derecho a un juicio justo.
Finalmente, la relatora refirió que alinear los períodos de duración del cargo judicial con el ciclo electoral presidencial supone un riesgo de politización del sistema de justicia aún mayor.