JUSTICIA

Reforma judicial busca someter a jueces, dice la FLAM

La asociación destacó que también es motivo de preocupación que la iniciativa se pretenda aplicar de forma retroactiva,

La Federación Latinoamericana de Magistrados externó su preocupación por la reforma judicial en México.
La Federación Latinoamericana de Magistrados externó su preocupación por la reforma judicial en México.Créditos: Foto: Ilustrativa
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La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) externó su preocupación por la reforma judicial que promueve la elección de juzgadores, equiparándolo a la elección popular de los cargos políticos que habrán de integrar los otros poderes del Estado.

En un comunicado, la asociación destacó que también es motivo de preocupación que la iniciativa se pretenda aplicar de forma retroactiva, desconociendo los derechos adquiridos de aquellos magistrados designados legítimamente a la luz del sistema constitucional vigente al momento de su nombramiento.

Agregó que dicha modificación claramente aspira a generar un sometimiento de los jueces vulnerando la independencia del Poder Judicial, y con ello el principio de la división de poderes.

Asimismo, la FLAM puntualizó que no es posible que “bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”.

Indicó que ese “principio de representación” reconocido por todos los ordenamientos jurídicos de orden superior para la designación de jueces y juezas, de todas las instancias, debe ser ejercido por los órganos específicamente por ellos establecidos.

Por ello, hizo un exhorto a las autoridades de los poderes de los Estados para que respeten la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y eviten avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios.

El respeto de ellos, añadió, no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno y por el respeto a los magistrados que la integran.