La reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente de la República en México, que implica la elección de jueces, ministros y magistrados por voto en las urnas, es polémica, pero se tiene que discutir, planteó note el Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra.
“Les queremos decir que actualmente estamos en un parlamento abierto, en un diálogo nacional sobre la reforma constitucional a Poder Judicial que tiene que ver también con el ODS 16, una reforma estructural que propone la elección directa de jueces, magistrados y ministros, como un mecanismo para acercar la justicia a la gente”, dijo.
“Porque la gente se queja, como usted bien lo dijo señora presidenta, esta reforma ha sido polémica pero se tiene que discutir”, reconoció.
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En el encuentro, la también presidenta del Congreso de la Unión en México destacó la labor y esfuerzos del Legislativo en el seguimiento y acciones para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Señaló que en el país, se han tomado medias para impulsar la implementación de la Agenda 2030, construyendo un marco jurídico adecuado, la aprobación de presupuestos “sostenibles” y con rendición de cuentas.
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Al participar en la Sesión sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 “invertir en los parlamentos como instituciones clave de gobernanza”, Guerra Castillo recalcó que México se comprometió en 2015 a adoptar esas metas para promover el desarrollo nacional.
Para ello, recordó, se creó un grupo de trabajo temático, integrado de manera plural y al que se sumaron todas las comisiones ordinarias del recinto.
Dicha instancia, reportó la congresista del Partido Revolucionario Institucional (PRI), logró aprobar 195 decretos que abarcan todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo el número 15 en materia de paridad legislativa.
Agregó que el 70 por ciento de los ordenamientos aprobados en San Lázaro se alinearon con alguno de los objetivos de la Agenda 2030 e incluso, en 2021 la ONU entregó un reconocimiento con ese motivo.
También se han aprobado reformas cuyo objetivo es promover la cultura de la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones del Estado, así como para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia.
De igual modo, se promovieron cambios legales contra la desaparición forzada de personas, abundó.