En el análisis de la violencia electoral en México “desde el epicentro”, realizando por el Seminario Violencia y Paz de El Colegio de México, se determinó que no existe información oficial sobre el tema, por lo que las cifras difieren y se carece de un estudio que muestre las causas del asesinato para obtener el control político.
Actualmente hay 32 asesinatos y la mayoría de las víctimas eran opositores del alcalde actual sin importar el partido.
Sergio Aguayo Quezada, coordinador del Seminario explicó que el INE otorgó financiamiento para que se realice una investigación para conocer las causas e implicaciones de la violencia política.
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En el avance de lo obtenido se ha dado a conocer que en el 50% de los casos los asesinatos tienen un móvil político y provienen de una disputa por los cargos y se perpetran principalmente en ámbito local.
De acuerdo a los investigadores, Manuel Pérez y Miguel León, hay una cifra que puede considerarse alarmante al determinar que entre 500 y casi 5 mil candidatos o aspirantes en diferentes puntos del país han tenido que renunciar a sus cargos argumentando desde amenazas hasta cuestiones personales.
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Señalaron que aún cuando en estos crímenes hay menor nivel de impunidad, ya que en algunos casos los presuntos implicados son detenidos casi de manera inmediata, después de algunos días, los homicidios se olvidan y se desconoce en la mayoría al autor o los autores intelectuales de los ataques.
Al enfocarse principalmente al caso Veracruz los especialistas concluyeron que no hay tampoco una investigación que defina por qué en algunos casos los candidatos o candidatas son “levantados y desaparecidos“ y ya después no se les busca mientras que otros, son víctimas de ataques directos, a balazos, fulminantes y sin aviso previo.
Finalmente Sergio Aguayo, lamentó que este tipo de crímenes políticos ya hayan rebasado el número de casos presentados en el 2021, sin que las autoridades se interesen siquiera por conocer las causas y a quienes beneficia ya que no hay investigaciones que refieran qué pasa con las personas que suplen a quien son asesinados, pero si se conoce que en algunos casos, la mayoría, las familias directas son beneficiadas con empleos o propiedades para que guarden silencio y no pidan justicia.