Debido a la violencia registrada en el proceso electoral de México, muchos ciudadanos no podrán ejercer su voto por la interferencia de la delincuencia organizada, señaló María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
Durante el foro “Más allá de las urnas: explorando la violencia en el proceso electoral de México 2024”, se destacó que Data Cívica documentó 836 eventos de violencia criminal electoral de 2018 a 2023.
En tanto, Integralia Consultores reportó 560 víctimas violencia política desde septiembre de 2023, y Causa en Común registró 41 actores políticos asesinados, de los cuales 29 eran candidatos o aspirantes a cargos de elección popular.
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Además de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, también participaron Itzel Soto, analista de datos de Data Cívica, y Armando Vargas, consultor senior en Integralia, quienes coincidieron de acuerdo a análisis independientes, que la violencia política afecta predominantemente al ámbito local, donde se concentran los ataques y las víctimas.
Es también en este ámbito donde más se resienten los efectos del control territorial ejercido por el crimen organizado, en detrimento de la población y las autoridades.
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IItzel Soto resaltó que observaron un aumento de la violencia criminal-electoral desde 2022, con un pico en abril de 2024, proyectando un mayor aumento en mayo.
También, señaló que esta violencia no se limita al periodo electoral, triplicándose los casos en los últimos 10 años correspondientes al periodo 2013-2023.
Armando Vargas identificó varios factores que contribuyen al aumento de la violencia política en diversas regiones del país, destacando la presencia de mercados ilícitos no convencionales, como la extorsión y el tráfico de migrantes.
Asimismo, indicó que el programa de protección a candidatos del gobierno federal ha fracasado, ya que no considera adecuadamente las dinámicas de control territorial por parte del crimen organizado.
Finalmente, Morera instó a las autoridades a incorporar dentro de sus agendas medidas integrales para atender la violencia política una vez concluido el proceso electoral, las cuales permitan fortalecer las capacidades del ámbito local y restaurar el estado de derecho en aquellos territorios hoy capturados por intereses criminales.