La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, debido a que tres elementos de la corporación dispararon contra normalistas de Ayotzinapa en marzo de 2024, provocando la muerte del estudiante Yanqui Khotan Gómez.
Explicó que el pasado 8 de marzo, el organismo nacional atrajo este caso de oficio e inició una investigación.
Ese día, las tres víctimas se dirigían a Chilpancingo a bordo de una camioneta. Al detenerse para hacer una compra, fueron abordados por elementos policiacos quienes viajaban en motocicletas, exigiéndoles que descendieran del vehículo.
Te podría interesar
Esta situación provocó que los jóvenes se asustaran, por lo que, el ahora fallecido, arrancó la camioneta.
Frente a ello, elementos de seguridad pública de Guerrero comenzaron a disparar, lesionando al conductor en la cabeza, quien murió después en un hospital debido a este ataque.
Te podría interesar
En tanto, otro de los estudiantes que iba a bordo fue detenido y golpeado.
La Comisión concluyó que la actuación de los policías no siguió los principios básicos para el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, pues no se encontró evidencia de que su empleo fuera de forma gradual y razonada, omitiendo opciones menos letales como la persuasión verbal para lograr la cooperación de los estudiantes o mediante el uso de medios o equipo destinados a restringir la movilidad.
Por el contrario, la investigación concluyó que los policías actuaron con la intención de causar daño grave, disparando directamente a la cabeza del estudiante que conducía, así como al vehículo de manera directa.
Asimismo, determinó que otro de los estudiantes fue retenido ilegalmente durante más de 10 horas.
Por ello, recomendó reparar integralmente el daño causado a los dos estudiantes sobrevivientes, así como a 12 personas más, incluyendo medidas de compensación.
Además, la dependencia estatal deberá devolver a las víctimas sobrevivientes sus teléfonos móviles confiscados por las autoridades el día de los hechos o reponerlos por unos de características técnicas iguales o similares y colaborar en la investigación judicial en curso, así como con el procedimiento de investigación disciplinaria.
Asimismo, deberá llevarse a cabo un acto de disculpa pública en el que se reconozca la vulneración a sus derechos humanos y exista aceptación de la responsabilidad por lo ocurrido.