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Este 22 de junio de 2026, José Antonio Altamirano, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que la bolsa presupuestal negociada con el gobierno federal no tiene fines de enriquecimiento gremial.
En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, el representante sindical desmintió los rumores sobre las negociaciones y explicó los próximos pasos del magisterio tras su repliegue táctico.
¿A dónde van los 800 mdp otorgados a la CNTE en Oaxaca?
Ante los cuestionamientos sobre el origen y destino del dinero que presuntamente motivó el fin de las manifestaciones centrales, Altamirano fue tajante, ya que dijo, los 800 millones de pesos "no son para docentes ni sindicato". El integrante de la comisión política detalló que estos recursos son una obligación de la Secretaría de Educación Pública y de la federación para resarcir el rezago histórico en la entidad.
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El presupuesto se inyectará directamente en las verdaderas necesidades estructurales a través de "mesas tripartitas" estatales, abarcando nuevas contrataciones de docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, mantenimiento a las escuelas y mejoras en infraestructura.
De hecho, esta oferta económica existía desde la primera semana de movilización, iniciada el 25 de mayo, pero las bases magisteriales decidieron priorizar temporalmente sus exigencias nacionales antes de aceptar las partidas locales.
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¿Por qué la CNTE retiró el plantón y cuáles son sus demandas?
La decisión de levantar el campamento no derivó de la obtención de los fondos, sino de una consulta a las bases de la Asamblea Nacional Representativa. Se determinó la necesidad de una reorganización del movimiento y el regreso a las aulas para concluir el ciclo escolar, apoyándose en un "calendario alternativo" en Oaxaca que prolongará los días de clase para recuperar el tiempo invertido en las protestas.
A nivel federal, la tensión se mantiene. Altamirano denunció que el gobierno argumenta no tener "recurso hacendario" para cumplir con la exigencia de abrogar la ley del ISSSTE de 2007 y garantizar un sistema solidario de pensiones. Además, buscan trasladar el debate de la reforma educativa del artículo 3ro constitucional al 123, apartado B, para incluir a comunidades y padres de familia.