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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, abordó el tema de por qué el SAT cancela a más de 100 organizaciones la autorización para recibir donativos.
Este fin de semana se dio a conocer que más de 100 organizaciones, entre ellas México Evalúa, perdieron la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir donativos deducibles de impuestos.
Núñez, señaló en la entrevista que esto forma parte de una política que asfixia financieramente a las instituciones independientes. "La sociedad civil ha sido atacada de manera sistemática desde el discurso y por los hechos desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador", afirmó el especialista.
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El mecanismo detrás de las revocaciones
De acuerdo con Núñez, la pérdida del estatus de donataria autorizada no siempre refleja un mal manejo u opacidad, sino la imposición de barreras administrativas. El gobierno, explicó, llega a reclasificar registros, argumentando de pronto que las labores de las asociaciones no califican como "investigación científica".
"Te van agregando nuevas trampas o nuevas obligaciones. A veces son obligaciones que pasan de un día a otro que si no las cumples te van poniendo el pie", detalló el director de MCCI, recordando que su propia organización perdió dicho registro el año pasado a pesar de mantener una contabilidad precisa.
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Esta decisión impacta severamente la operatividad de las ONG, ya que desincentiva las aportaciones económicas al eliminar la posibilidad de deducir impuestos para los donantes. Núñez interpretó esta medida como una estrategia gubernamental directa: "Es un mensaje muy fuerte porque es tratar de quitarle o amarrarle las manos a quienes quieren ayudar o a quienes quieren hacer solo su trabajo".
Doble rasero frente al oficialismo
Durante la charla periodística, se contrastó la dificultad burocrática que enfrentan estas entidades, descritas como "pequeños héroes" que atienden desde la crisis migratoria hasta la falta de medicamentos, frente a las facilidades otorgadas a grupos afines al poder.
Se expuso que mientras un trámite regular ante el SAT demora entre dos y tres años, una organización promovida recientemente desde el gobierno obtuvo su registro en cuestión de días.
Ante esta disparidad, la periodista Pamela Cerdeira reflexionó sobre la narrativa oficialista: "Si los usan ellos es para el movimiento y eso justifica todo". Asimismo, Núñez recordó que el propio partido en el poder, Morena, inició financiándose bajo la figura de una Asociación Civil.
Finalmente, el investigador advirtió que el estrangulamiento de los espacios cívicos es sintomático de regresiones autoritarias. Comparó la situación de México con la de El Salvador bajo el régimen de Nayib Bukele, advirtiendo que, en entornos donde se silencia a los críticos, la sociedad civil organizada suele ser de las primeras víctimas por su labor de documentar lo que resulta incómodo para el poder